Cirilo José Ocampo Verdugo, propietario de la desaparecida Caja Popular Puerto Vallarta, a quien se le imputó haber desfalcado a 166 mil inversionistas con 3 mil 598 millones de pesos, obtuvo un amparo definitivo que lo exoneró de cualquier responsabilidad penal en delitos ligados a la delincuencia organizada.

Aunque la resolución del primer tribunal colegiado penal ordenó liberar de inmediato a Ocampo, éste no pudo abandonar el Reclusorio Sur, del Distrito Federal, pues aún enfrenta cargos por fraude que se desahogan ante jueces de diversas entidades del país.

En noviembre de 1999, la Procuraduría General de la República (PGR) capturó a Ocampo y lo llevó a juicio bajo cargos de lavado de dinero por más de mil 500 millones de pesos, de los hermanos Amezcua, dedicados al tráfico de metanfetaminas.

Ahora, después de 11 años y ocho meses de estar preso, el primer tribunal colegiado resolvió que la PGR no acreditó que el empresario estuviera relacionado con el crimen organizado, lo que implicó que su pena se acortara.

El tribunal consideró insuficientes las pruebas presentadas por la fiscalía contra el empresario, pues los cargos se sustentaban fundamentalmente en la declaración de la testigo colaboradora Silvia de Rugamo, quien sostuvo que Ocampo estaba implicado con los Amezcua, y que hizo inversiones en la lotería rusa.

El efecto directo del amparo fue una reducción considerable en el tiempo de la sentencia, lo que significó que se le bajaran 10 años a la condena, de 17 años y seis meses de prisión al que fue sentenciado. Así, la pena quedó en siete años y seis meses de cárcel.

Como el empresario fue detenido en 1999, la condena se dio por compurgada y por ello el tribunal colegiado ordenó ayer su libertad.

Ocampo enfrenta aún acusaciones por fraude en procuradurías estatales.

A finales del sexenio del presidente Ernesto Zedillo, la PGR señaló que entre 1997 y 1999 Ocampo lavó más de mil 500 millones de pesos de los hermanos Amezcua.

Lo anterior, porque Ocampo reportó en ese periodo ingresos por 164 millones 235 mil 536 pesos, pero sus egresos fueron de mil 706 millones 858 mil 715 pesos, es decir, 10 veces más de lo obtenido lícitamente.