unas horas de que se cumpla el plazo para que el gobierno estadunidense agote su presupuesto y deje de pagar las obligaciones que contrajo en el pasado, en el Congreso se sigue discutiendo si se autoriza la ampliación del techo de la deuda en aproximadamente un trillón de dólares para cumplir con esas obligaciones. Los pagos que se derivan de estas obligaciones estaban previstos dentro del presupuesto aprobado por el Congreso el año pasado y, en consecuencia también un aumento en el techo de la deuda por lo que su aprobación debió proceder sin mayores sobresaltos.
Al menos en 78 veces desde la década de los años 60 esa autorización había transcurrido sin mayores sobresaltos, independientemente del partido al que perteneciera el presidente. Esta vez el Partido Republicano, o para ser más precisos un grupo ultra-conservador dentro de sus filas, decidió no autorizar esa ampliación y por lo tanto dejar de pagar obligaciones ya contraídas, a menos que se reduzca sustancialmente el déficit gubernamental, a costa del gasto social. Salud, educación, seguro social, medio ambiente y gasto en infraestructura son los rubros que pretenden disminuir sustancialmente. En contrapartida los republicanos se han negado a un aumento en los impuestos a quienes ganan más de 250 mil dólares anuales, a gravar las ganancias de capital y a reducir los subsidios a diversas industrias, principalmente la del petróleo, entre las medidas que permitirían recaudar más impuestos para atenuar el tamaño del déficit.
El presidente ha dicho estar de acuerdo con reducir el déficit, que representa aproximadamente 80 por ciento del producto interno bruto (PIB) anual del país, pero ha repetido que no lo hará a costa del gasto social, aunque por la vía de los hechos su propuesta incluye ya una reducción en las partidas de salud principalmente. Esto no ha sido suficiente para hacer entrar en razón a los congresistas republicanos que insisten en castigar aún más esos gastos.
De no llegar a un acuerdo a más tardar el próximo 2 de agosto, los posibles escenarios que se advierten son los siguientes: millones de personas que reciben cheques de la agencia del seguro social dejarían de recibirlos; se suspendería el pago a millones de empleados federales; las compañías que realizan trabajos para el gobierno, tales como mantenimiento y construcción de carreteras, presas, puentes y edificios públicos, dejarían de recibir los pagos ya contratados y por tanto suspenderían esas obras; los intereses de los bonos y certificados del Tesoro estadunidense, que han sido adquiridos por individuos y gobiernos de otras naciones, una de ellas México, dejarían de pagarse, incluido el principal en algunos casos. Por lo pronto, millones de familias disminuirían su consumo a niveles de subsistencia en un contexto económico en el que es necesario aumentarlo para evitar una nueva recesión.
Entre las consecuencias internacionales de este impasse en las negociaciones en el Congreso estadunidense está la pérdida de confianza de los mercados financieros en torno a la credibilidad en la solidez del crédito de Estados Unidos. En algunos países ya se especula sobre la posibilidad de transferir la adquisición de bonos o certificados de deuda a otros mercados financieros, uno de ellos el suizo. En este contexto pesimista, no dejan de llamar la atención las declaraciones optimistas del secretario de Hacienda mexicano cuando dice que la crisis de Estados Unidos pudiera beneficiar a México, cuyo mercado financiero recibiría los capitales que emigraran de aquel país. Se repite así la versión de que la crisis estadunidense contrario a perjudicarnos nos beneficia. Parece que no se toma en consideración que entre 70 y 80 por ciento de nuestra economía está atada a la estadunidense y cualquier recesión en ese país arrastraría a la nuestra. Tampoco se dice que la hacienda mexicana ha comprado bonos del Tesoro estadunidense y que, por tanto, también estaría en problemas para cobrar los intereses que esos bonos generan.
A estas alturas ya no está claro si la intención de los congresistas republicanos es minar aún más a la atribulada presidencia de Obama con el fin último de evitar su relección, o si en verdad consideran que el gobierno debe reducir aún más su intervención en la conducción del país. En todos los tonos varios gobernantes de diversas naciones y la directora del FMI han llamado la atención al gobierno de Estados Unidos sobre lo delicado que sería para la economía mundial de persistir esta situación. No hay que especular mucho para imaginar las consecuencias si el gobierno de Estados Unidos falta a sus obligaciones financiera por segunda vez en su historia, la primera de ellas en los años 70 se resolvió en unas horas y no tuvo mayores consecuencias. En esta ocasión, según se advierte, la situación es mucho más compleja y por ello impredecible.
