omo se esperaba, en el último momento los grupos parlamentarios estadunidenses llegaron a un acuerdo que aprueba una elevación del techo de deuda. A cambio del incremento de 2.1 billones de dólares a una deuda de 14.3 billones, los republicanos lograron imponerle al gobierno de Obama una reducción del déficit fiscal basada en disminuciones al gasto público que sumarán 2.4 billones de dólares en 10 años, de los cuales inmediatamente se recortarán 900 mil millones. Los demócratas y el gobierno de Obama aceptaron que no se elevaría ningún impuesto. De esta manera el triunfo republicano fue rotundo y lo fue aún más el de la derecha del Tea Party.
Para dimensionar estos datos conviene compararlos con el PIB de ese país. De acuerdo con el Banco Mundial el producto estadunidense en 2010 fue de 14 billones 624 mil millones de dólares. Si el techo de la deuda era de 14.3 billones, representaba 97.78 por ciento del PIB. Al incrementarse 2.1 billones la deuda, como proporción del producto llegará a 121 por ciento, lo que les ubica entre los gobiernos más endeudados del mundo. La reducción del gasto público acordada implicará que en 10 años se le retirarán a esa economía 17 puntos del producto, lo que tendrá efectos devastadores. Este mismo año la contracción de 900 mil millones significa un desestímulo equivalente a 0.6 puntos del PIB.
La valoración de este acuerdo la hizo Krugman al señalar que se festina que el acuerdo evitó un desastre pero que, en realidad, el acuerdo es un desastre. Lo es, por supuesto, para Obama. Lo es, también, para los demócratas. Pero, más importante aún, lo es para la economía estadunidense y para los millones de desempleados y subempleados de ese país. Consecuentemente, también es un desastre para la economía mundial y, en particular, para la economía mexicana, aunque Calderón, Cordero y los demás funcionarios lo nieguen.
El crecimiento de nuestra economía depende mucho del desempeño de la industria estadunidense. De modo que si se desacelera o, peor aún, se frena, disminuirán las compras de insumos, afectando a los proveedores del mundo entero e inevitablemente a las empresas asentadas en México que se dedican centralmente a venderle a esta industria. Los funcionarios de Hacienda han asegurado que la reducción de la demanda externa se compensará con el crecimiento del mercado interno. Esto es falso. Los datos entregados por Coneval hacen evidente que el consumo interno ha venido cayendo desde que se inició esta crisis.
Seguramente las remesas enviadas por nuestros compatriotas desde Estados Unidos, que han venido aumentando los últimos nueve meses, no sólo dejarán de crecer sino que empezarán a disminuir. Esto tendrá efectos inmediatos en el consumo de las familias receptoras de remesas. También se contraerá el gasto público, ya que al disminuir el ritmo de crecimiento se reducirán los ingresos públicos. En un país con 47 millones de personas en condiciones de pobreza, con afectaciones a sus ingresos derivadas de las dificultades de la economía estadunidense, el mercado interno no puede contrarrestar los efectos de la disminución de las exportaciones.
Así las cosas, el gobierno mexicano debe actuar para proteger a los sectores que serán más golpeados por esta situación. Tendrían que incrementarse inmediatamente los recursos que se dirigen a los más necesitados, al tiempo que se instrumenta un plan de contingencia en el que se suspenden los incrementos a precios de bienes y servicios públicos. Difícilmente veremos que esto ocurra.
Un gobierno insensible a los problemas profundos de la población, que se ha ocupado de negar insistentemente que el triunfo parlamentario de la derecha republicana en Estados Unidos nos afectará significativamente, no atenderá los reclamos sociales. Seguirá en lo que considera su cruzada. Pocos le respaldaban. Con su pasividad frente a la continuidad de la crisis, casi nadie seguirá respaldándole.
