Tras la presentación del libro El outsourcing y las relaciones laborales postcrisis quedó definido que la falta real de cifras sobre la subcontratación laboral es fomentada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que tampoco ha logrado frenar ese fenómeno.

No es un hecho aislado ni casual, la indefinición permite al sector empresarial y a sus aliados en el gobierno forzar la interpretación legal y navegar en una zona gris que se genera cuando falta información clara, señala el texto que se distribuyó ayer en la Cámara de Diputados.

La obra fue escrita por el periodista italiano Matteo Dean –quien fue colaborador de La Jornada hasta su fallecimiento el 11 de junio pasado en un accidente de tránsito– y Luis Bueno Rodríguez, y editada por el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas). Ayer se detalló su contenido, como parte del debate sobre reformas a la Ley Federal del Trabajo, que continúa en San Lázaro.

Se explica que las únicas cifras disponibles y confiables son las que aportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que desde 2004 ha definido la subcontratación como el servicio de personal ocupado que no depende de la razón social para la cual trabaja, y que creció 95.2 por ciento en el país entre 2004 y 2009.

No obstante, explica que en sus estadísticas el propio instituto excluye a los trabajadores que si bien forman parte de empresas subcontratadas por otras, realizan su jornada fuera de las instalaciones de la compañía con la que mantienen una relación laboral oficial.

De las cifras que presentó el Inegi, destaca que no se consideró como subcontratado el trabajo que el personal de empresas privadas prestó para el gobierno federal y los entes autónomos.

Cuestiona que cada vez más las empresas privadas y las dependencias del gobierno federal contratan la fuerza laboral de compañías dedicadas a la terciarización para eludir los derechos por antigüedad y de seguridad social.

La obra refiere que en 2003 el Inegi tenía registrados 998 mil 969 trabajadores contratados por otra razón social, que representaron 8.6 por ciento del total del personal ocupado en México, pero al año siguiente ya eran un millón 399 mil 264. Cinco años después, la cifra prácticamente se había duplicado al llegar a 2 millones 732 mil 56.

Es decir, que en ese periodo la tasa de subcontratación se elevó 95 por ciento, dato asombroso, toda vez que de acuerdo con los datos del Inegi, en el mismo lapso la tasa de crecimiento de personal ocupado total fue de 23.8 por ciento, mientras la de personal ocupado dependiente de la razón social fue de 17 por ciento.

Durante la presentación, el diputado Francisco Hernández Juárez (PRD) y dirigente de los telefonistas refirió que en las negociaciones con el PRI, los diputados del tricolor advirtieron que podrían flexibilizar su postura en el marco legal de la conciliación laboral, pero que no cederían en legalizar la subcontratación.

Expuso que si las bancadas de PRI y PAN se empeñan en aprobar que prevalezca esa figura laboral, el PRD, PT y Convergencia difícilmente podrán evitarlo, por lo que será necesaria la movilización social y de los sindicatos para evitarlo.