El PRI en la Cámara de Senadores prepara la ley de atención a las víctimas de la violencia, que elaborará con apoyo de expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El coordinador de los senadores priístas, Manlio Fabio Beltrones, se reunió ayer con Francisco Arroyo y Jesús Murillo Karam para definir la ruta que seguirá esa ley, que forma parte de las demandas que formuló al Congreso el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que dirige Javier Sicilia.

El propósito es que esa legislación, con la cual se pretende proporcionar atención integral a las víctimas de la violencia y a sus familiares, se apruebe en el próximo periodo de sesiones, que se inicia en septiembre.

El senador Murillo Karam está trabajando en esa ley de atención a víctimas que, según nos explicó, deriva del reconocimiento de los derechos humanos plasmados en la Constitución y en tratados internacionales, y también de la minuta que se analiza en la Cámara de Diputados sobre seguridad nacional.

Por otra parte, los perredistas preparan otro proyecto que incluye la reparación económica y moral del daño, indicó el senador Tomás Torres, y los panistas esperan que al elaborar el dictamen se tome en cuenta la iniciativa que presentaron el 22 de abril de 2010.

En la propuesta de los senadores del blanquiazul Felipe González, Ramón Galindo y Jaime Díaz Ochoa se plantea brindar apoyo y asistencia material, médica, sicológica, jurídica y social a las víctimas del delito, para su rehabilitación integral.

La propuesta panista señala que la Procuraduría General de la República brindará a las víctimas del delito la asesoría jurídica que requieran, ayuda material y social, y atención médica y sicológica por conducto de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad.

Asimismo, plantea que el Ministerio Público asesore a las víctimas del delito, brindándoles orientación y apoyo desde la averiguación previa hasta la conclusión del proceso penal.

Propone también que las víctimas reciban en forma urgente, a partir de la comisión del delito, atención médica de naturaleza curativa y asistencia sicológica cuando se atente contra su integridad física o mental o su normal desarrollo sicológico.

Por lo que se refiere a la reparación del daño, la iniciativa del PAN considera, además del quebranto económico y del padecimiento moral que aqueja a las víctimas, la alteración de sus condiciones de vida y el lucro cesante, es decir, los bienes que no ingresaron a su patrimonio durante los acontecimientos violentos o el delito sufrido.

Arroyo Vieyra comentó que la propuesta del PRI, además del asesoramiento de la UNAM, considerará la opinión del Movimiento para la Paz con Justicia y Dignidad. Vamos a proponer una nueva legislación sobre readaptación social; el propósito es cerrar esta Legislatura con responsabilidad, con reformas de seguridad pública y electorales urgentes y demandadas.