La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó a las autoridades mexicanas adoptar medidas urgentes para proteger a los familiares de Javier Torres Cruz, defensor ambiental asesinado el 18 de abril en la comunidad La Morena, municipio de Petatlán, en Guerrero.

Esta decisión, dada a conocer ayer, fue notificada el 29 de julio a los solicitantes de las medidas cautelares: Colectivo contra la Tortura y la Impunidad, Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado de Guerrero y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La importancia de proteger a la familia quedó en evidencia luego de que el pasado 21 de julio sujetos armados irrumpieran en La Morena y se enfrentaran a policías estatales, como se informó en la prensa, señaló el Cejil.

La organización recordó que Torres Cruz era miembro de la Organización de Campesinos Ecologistas de la Sierra de Petatlán y Coyuca de Catalán (OCESP), cuyos miembros han sufrido diversos actos de represión motivados por su actividad.

En 2007, él y su tío Isaías Torres habían manifestado a autoridades mexicanas que tenían referencias sobre la identidad del autor intelectual del asesinato de la defensora de derechos humanos Digna Ochoa, quien representaba y asesoraba a miembros de la OCESP acusados injustamente de delitos. Desde entonces, las agresiones en contra de Javier y sus familiares se incrementaron y continúan hasta la fecha, manifestó el centro.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva de Cejil, señaló que los obstáculos que se imponen a los defensores de derechos humanos en la región son cada vez mayores, más generalizados y se realizan en contextos de alto riesgo.