Culpables, fue el veredicto durante un juicio público –afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) efectuado por familiares de víctimas de desaparición forzada– contra las fuerzas armadas mexicanas por abusos y delitos cometidos contra la ciudadanía.

Como cada primer sábado de mes, desde septiembre de 2008, integrantes del Comité Eureka y de la organización Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (HIJOS) México se manifestaron ante el máximo tribunal para demandar la presentación con vida de centenares de desaparecidos políticos, del pasado y del presente.

Informaron que el próximo mes cumplirán tres años ininterrumpidos de presentarse cada mes ante la SCJN, acto al que calificaron de ejercicio de memoria con la gente.

Los manifestantes montaron un sketch en el que se instaló un jurado que analizó cuatro casos emblemáticos de violaciones a garantías fundamentales cometidas por militares:

La desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco durante el periodo conocido como guerra sucia en el municipio de Atoyac, Guerrero. Recordaron que por este caso la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya juzgó y sentenció a México encontrando que se habían vulnerado varios derechos, como el acceso a la justicia, a la víctima y su familia.

Otro fue el de la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario, caso por el que se acusó a militares de haber abusado sexualmente de la anciana, lo que habría causado su muerte. Sin embargo, las autoridades concluyeron que no existió abuso y que la mujer murió de parasitosis.

El caso de Valentina Rosendo y Inés Fernández, violadas sexualmente en 2002 por elementos del Ejército en Guerrero, fue el tercero en el juicio. Recordaron que por estos hechos la CIDH también ya emitió una sentencia, la cual el Estado mexicano aún no cumple totalmente.

Agregaron que la CIDH sentenció a México por las violaciones a los derechos humanos de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de Guerrero que padecieron detención arbitraria y tortura en 1999 a manos del Ejército por su activismo ambientalista.

Ayer al mediodía, frente a la SCJN, el jurado conformado por miembros de HIJOS México y el Comité Eureka encontró que en estos cuatro casos las fuerzas armadas son responsables de violaciones a derechos humanos, delitos de lesa humanidad y abusos contra ciudadanos.

Recordaron que desde 1969 en el país oficialmente existen 600 desaparecidos políticos, pero subrayaron que el número seguramente es aún mayor, pues ese delito de lesa humanidad continúa perpetrándose.

Como en cada una de estas manifestaciones, que pronto cumplirán tres años, sobre las rejas que rodean la entrada a la Suprema Corte colgaron decenas de fotografías con los rostros de algunos de los desaparecidos políticos y carteles en los que se rechaza la impunidad.