México, último lugar en cobertura universitaria entre países miembros de la OCDE, lamenta
Sólo así el gobierno cumplirá la meta de destinar 1.5% del PIB a este rubro en 2017, afirma
Este lunes presentará a los legisladores su proyecto final sobre presupuestos multianuales
Domingo 7 de agosto de 2011, p. 36
Cumplir con la meta de destinar 1.5 por ciento del producto interno bruto (PIB) a instituciones públicas de educación superior en 2017 requeriría que la Federación aporte cada año 7 mil 389 millones de pesos de recursos públicos para las universidades federales, y 9 mil 369 millones para instituciones de educación superior estatales, tecnológicas y normales, adicionales a los 3 mil 718 millones que aportarían las entidades, advierte la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).
En el proyecto final para la aprobación de presupuestos plurianuales destinados a la educación superior, que será presentado este lunes por rectores integrantes del consejo nacional de ANUIES ante la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, destaca que en México sólo 16.5 por ciento de la población cuenta con estudios de nivel superior.
Esto nos ubica en el último lugar en tasa de cobertura universitaria de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), incluso por debajo de Turquía y Eslovaquia, quienes tienen 38.4 y 53.6 por ciento, respectivamente, de su población en edad de cursar estudios universitarios dentro de las aulas, mientras que en nuestro país es de 30 por ciento.
Los rezagos en educación superior, ciencia, tecnología y cultura, insiste la Anuies, ponen en evidencia una visión restringida y equívoca del papel estratégico que estas actividades pueden y deben desempeñar para orientar el rumbo del país
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A la fecha los recursos federales y estatales destinados a las instituciones públicas de educación superior no han superado el uno por ciento del PIB, es decir, 140 mil 795 millones de pesos para este año, cantidad que representa una proporción marginal
en los presupuestos de los tres órdenes de gobierno.
La propuesta, que implicaría una reforma al artículo 25 de la Ley General de Educación para establecer la obligación jurídica –que incluye a la Federación, estados y municipios– de destinar 1.5 por ciento del PIB para el sector, revela que en materia de equidad en el financiamiento a la educación superior, aún se deben superar varios retos.
Entre ellos, los desequilibrios en la asignación presupuestal entre los distintos niveles educativos, pues advierte que pese al cambio en el perfil demográfico del país, que revela una creciente mayoría de jóvenes en la población mexicana, más de 61 por ciento del presupuesto educativo aún se destina a la educación básica, mientras que a la formación superior sólo se canaliza 16.6 por ciento
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Además, agrega el texto de 162 cuartillas, prevalece una falta de prioridad al gasto destinado a las instituciones públicas de educación superior, en comparación con otros rubros, pues este año el gasto federal para educación superior, sin incluir ciencia, tecnología y cultura, apenas alcanzó 0.64 por ciento del PIB, lo que representó 2.66 puntos porcentuales de los recursos totales del sector público.
Los desequilibrios presupuestales entre la Federación y los estados también han afectado el desarrollo y la calidad de la educación superior, afirma la ANUIES, pues mientras 78 por ciento de los recursos son aportados por la administración federal, las entidades sólo invierten 22 por ciento, es decir, 25 mil millones 565 mil pesos.
En cuanto a ciencia y tecnología, la propuesta para establecer presupuestos plurianuales revela que también se debe modificar la distribución de los recursos que se canalizan tanto a instituciones federales como estatales.