Las propuestas que presentó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado lunes para modificar la estrategia en materia de seguridad pública, que se centra en la prevención del delito y el respeto a las garantías individuales, son un gran acierto, pero deberían ser más amplias y aterrizar en aspectos puntuales, afirmaron activistas de organizaciones no gubernamentales.

Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, señaló que los planteamientos de los investigadores universitarios son un avance importante, similares a los que han mencionado otras instituciones nacionales e internacionales, pero consideró que hay detalles por afinar.

Para combatir la impunidad y la corrupción tendría que terminarse con el secreto bancario, y fiscalizar los recursos que reciben los organismos de seguridad pública. La rendición de cuentas es letra muerta en México y no hay quien vigile los convenios que se signan con otros países, que muchas veces implican una violación a la soberanía.

Aunque el gobierno federal pueda aceptar las recomendaciones sólo en forma declaratoria y en la vía de los hechos mantenga su posición, es fundamental que la UNAM se constituya en contrapeso de esa política, retome otros aspectos para enriquecer sus propuestas y empuje con más fuerza para lograr cambios, aseveró.

Raúl Ramírez Baena, coordinador de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, consideró que las aportaciones de la UNAM son encomiables, pero se trata de una propuesta general que habría que aterrizar para hacerla viable.

El enfoque de prevención del delito, por ejemplo, podría ser interpretado de forma errónea para imponer políticas de mano dura que criminalicen a las personas por su aspecto, vestimenta o color de piel, atacando a grupos vulnerables como drogadictos, indigentes, pobres o migrantes.

“La propuesta es avanzada y positiva, y no dudo que estos aspectos estén incluidos, pero son puntos sensibles que pueden dar pie a la realización de operativos que violan la presunción de inocencia”, apuntó.

El éxito de la iniciativa de la UNAM, sostuvo, depende de que los movimientos sociales independientes lo hagan propio y lo impulsen, sin esperar que las autoridades la concreten, sin dejar de dialogar con éstas.