La Procuraduría Fiscal aceptó ante diputados de la Comisión de Hacienda que la ley contra el lavado de dinero busca cumplir las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional –constituido por el grupo de los siete países más industrializados– y recabar información de operaciones ilícitas con los reportes que entreguen abogados, contadores, notarios públicos, empresarios y ciudadanos por venta de autos o inmuebles, actividades profesionales o asesorías a presuntos delincuentes.

Este martes continuó el análisis de la minuta del Senado para combatir el uso de recursos de procedencia ilícita. El subprocurador fiscal, Ramón Cabrera León, explicó a los legisladores que el aviso de una operación presuntamente dudosa no implica que se trate de lavado de dinero ni será detonante de una acción penal; será el análisis de una serie de reportes lo que dará lugar a una averiguación previa.

Ante las críticas de PRI, PAN, PRD y PT, porque la ley no da certeza jurídica a profesionistas, empresarios y ciudadanos, a quienes se pretende obligar a dar aviso de operaciones presuntamente irregulares, Cabrera León aseguró que la sola compra de un vehículo, un inmueble, joyas o relojes por una sola persona no necesariamente lo hace un criminal.

Explicó: si se identifican compras de tres autos cada tres meses, de un desarrollo inmobiliario, Rolex, y sus ingresos no corresponden a un comportamiento ordinario, eso sí dará lugar a un análisis específico.

El presidente de la comisión, el panista Alberto Becerra Pocoroba, planteó que esas definiciones deben quedar explícitas en los artículos de la ley, porque el aviso es un asunto de libertad y las personas antepondrán el temor a arriesgar su integridad física al cumplimiento de la ley.

Cuestionado por qué se quiere involucrar, por ejemplo, a los concesionarios automotrices en el envío de reportes por la compra de autos nuevos con valor superior a 200 mil pesos, como señala la minuta, el subprocurador afirmó que las agencias no lavan dinero, pero son los medios por los que la delincuencia adquiere vehículos de alto valor para revenderlos y justificar el origen del dinero.

Señaló que las agencias automotrices son instrumentos de la delincuencia organizada para que parte de sus ganancias entren al mercado formal. Lo que se busca con la ley, expuso, es que nos digan quiénes les compran coches con dinero en efectivo.

Dijo que se insiste en vigilar operaciones comerciales con efectivo porque la actividad primaria del delito, el tráfico de drogas, no se paga ni se vende con cheque o tarjeta; los rescates no se pagan con transferencias.

Ofreció entregar una tabla con los cálculos sobre el dinero producto de actividades de la delincuencia organizada. A pregunta de diputados priístas, afirmó que los referentes internacionales para reportar posibles transacciones de lavado de dinero son unos 10 mil dólares.

Explicó que se estableció en la minuta la cantidad de un millón de pesos para la compra en efectivo de bienes inmuebles, porque no nos interesa revisar la vivienda de interés social, de entre 500 mil y 700 mil pesos, sino los departamentos en zonas residenciales de tres o cuatro millones.

La diputada María Esther Sherman preguntó cuántos funcionarios integran la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda. Alberto Elías, director general adjunto de Procesos Legales de esa oficina, respondió: 94.

Sherman reprochó que Hacienda argumente que no tiene herramientas jurídicas para investigar el lavado de dinero. ¿Entonces qué hacen, si no tienen cómo hacerlo? ¿Para qué le sirven a este país ustedes, que están aquí, por cierto muy bien arreglados y muy elegantes? Por el costo de sus trajes y sus relojes hasta ustedes entrarían en los reportes de su ley contra el lavado de dinero. ¿A quién le cargan la maleta, a quién espían?