El titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, (FEADLE), Gustavo Chávez Salas, informó ante diputados y senadores que de 2010 a la fecha se ha ejercido acción penal contra 40 autoridades de los tres niveles de gobierno, seis de ellas en el estado de México, por los delitos de abuso de autoridad, amenazas, plagio y tentativa de homicidio contra periodistas, pero reconoció que han logrado esclarecer muy pocos de los 76 crímenes y 13 desapariciones de comunicadores denunciados en el país.

La responsabilidad de la delincuencia organizada, dijo, es evidente en los estados del norte del país y en otros como Michoacán, donde la lucha contra el narcotráfico ha sido más cruenta es donde hay el mayor número de homicidios.

Nos hemos dado cuenta que muchos periodistas son víctimas de la delincuencia organizada, que los obliga y amenaza permanentemente a mantener una línea editorial, y que tiene control de ciertas regiones donde hay una presión sistemática sobre los medios de comunicación.

Hay que documentar cada uno de los 89 casos de crímenes y privación de la libertad; sin embargo, dijo, la fiscalía aprovecha cada vez que cae uno de los grandes capos para obtener información, como se hizo recientemente “con la detención de El Diego; hemos entrado en contacto con él, lo interrogamos y ha dado datos importantes”.

Al comparecer ante la Primera Comisión de la Permanente, recalcó que esa fiscalía, creada en febrero del 2010, es una “pequeña unidad administrativa, que ni siquiera tiene instalaciones propias, “y planteó la necesidad de reformar el marco legal para que ese organismo, dependiente de la Procuraduría General de la República, cuente con mayores atribuciones, además de concederle suficiencia presupuestal.

No lo señaló públicamente, pero –según comentaron– después a los legisladores les explicó que este año contó apenas con poco más de 600 mil pesos para operar. Comentó además que la falta de coordinación y de respuesta de algunas autoridades locales dificulta su tarea.

Cuestionado por el senador perredista José Guadarrama y por los diputados priístas César Augusto Santiago y Heliodoro Díaz sobre las continuas agresiones a periodistas y la incapacidad gubernamental para castigar a los responsables, el fiscal Chávez Salas dijo que es un problema muy grave, y que el organismo a su cargo se ha empeñado en dar resultados.

De entrada, dijo, se dedicó a integrar los expedientes de los 76 crímenes y 13 desapariciones de periodistas, y a la fecha cuenta con 2 mil 759 datos relacionados con los mismos. Se han documentado, detalló, 45 homicidios y 8 desapariciones.

Derivado de lo anterior, indicó, se reactivaron las investigaciones que se encontraban en distintas áreas de la PGR, iniciándose 126 más durante 2010.

Ello contrasta, dijo, con las 68 investigaciones que puso en marcha de 2006 a 2010 la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, a la que sustituyó la fiscalía que él encabeza. Expuso que además se han expedido 64 medidas cautelares en favor de comunicadores y diversos medios de comunicación.

Sin embargo, advirtió, en algunos casos las autoridades requeridas se han negado al cumplimiento de este mandato legal, bajo argumentos referidos a una pretendida falta de personal, a una supuesta invasión de competencias y de la violación a la soberanía de los estados.

Por ello consideró que la tarea también convoca a los tres poderes del Estado, porque las amenazas son serias y necesitamos ser corresponsables para enfrentarlas. Parte de las reformas al marco legal que solicitó son para llevar a rango federal todas las investigaciones.

El fiscal no quiso dar detalles sobre los casos de las autoridades sujetas a proceso penal, ni durante la comparecencia ni en una entrevista al final.