La legislación mexicana se adecuó para permitir la entrada de capital extranjero a la explotación minera. Desde 2005 se otorgan concesiones por 50 años, con posibilidad de renovación, y esta actividad es catalogada como prioritaria, por encima de cualquier otra.

Los cambios al artículo 27 constitucional de 1992 fueron el punto de arranque para que las tierras ejidales y comunales, que abarcaban 52 por ciento del territorio nacional, fueran ocupadas no sólo para la minería, sino para el turismo, obras de infraestructura y monocultivos, sostiene en entrevista Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida.

El Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dio paso a las empresas canadienses, que son las que en México predominan en la minería.

La ley minera, después de 1992, se modificó en varias ocasiones. Primero otorgaba concesiones para explorar y para explotar, y la Ley de Inversión Extranjera señalaba que el capital extranjero podía participar con 49 por ciento en cada proyecto.

En 2005 se hicieron más reformas y entonces ya se impuso una sola concesión, para explorar y explotar, y esta actividad se abrió totalmente a la inversión extranjera, detalla.

López Bárcenas señala que la minería está catalogada por la ley en la materia de utilidad pública y que está por encima de cualquier otra, ya sea turística o de agricultura. Otorga concesiones por 50 años, prorrogables, es decir, un total de 100 años. ¿Para qué quieren un siglo? Lo que sucede es que las concesiones también son para especular. La minera puede tener una concesión y no explotarla, y así regulan el mercado, agrega.

El problema de estas concesiones es que despojan a la nación. Esto no ocurre cuando se otorgan para bosques o agua, donde sí se cancela una concesión, quedan los recursos: aquí se llevan todo, agrega. En cuanto a los pagos de derechos por la concesión, indica que se hacen por la superficie no por la cantidad de riquezas que extraen.

Las empresas deben negociar con las comunidades, en cuyo territorio tienen concesionado el subsuelo, el acceso y explotar las minas. Esto lo favorece el Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (Procede), que se tramita a través de la Procuraduría Agraria, y con el que se otorga un certificado de derechos parcelarios a cada uno de los dueños colectivos de la tierra sobre una superficie de la tierra ejidal claramente delimitada. Así los propietarios pueden arrendar la parcela o venderla.

El Procede da certeza jurídica sobre todo a las empresas que buscan hacerse de las tierras ejidales, y con esto provocan el divisionismo en la comunidad. La Procuraduría Agraria juega a favor de las mineras. Para ella se trata de que los contratos se hagan bien, pero nunca le dicen a la gente que se pueden oponer, subraya.

López Bárcenas refiere que las empresas llegan a las comunidades con la oferta de arrendar las tierras y generalmente lo hacen por 30 años, pero de acuerdo con el Código Civil para cuestiones industriales, las rentas que se permiten son por 20 años. En esto, considera, hay una trampa, porque no hacen contratos de arrendamiento de tierra, sino de ocupación, lo cual finalmente es lo mismo. Pueden ser contratos de uso, usufructo o aprovechamiento total, que sería casi una compraventa. 

Los conflictos sociales se dan porque cuando las tierras se rentan, para el campesino es como si en ellas no hubiera nada, así hace el cálculo de que no la usa, de que saca poco en los cultivos o la ocupa para pastorear ganado y cree que le va a redituar más la renta.

“Cuando ve entrar las maquinas, se da cuenta de que los impactos no son sólo en las tierras, sino también en los caminos y hay contaminación. Cuando se da cuenta de que empiezan a destruir la tierra es cuando se vienen los problemas “.

Los ejidatarios pueden impugnar las concesiones e impulsar procesos legales, porque todo el ambiente que genera la minería incide sobre la vida social ¿En qué profundidad? Depende de la cohesión de los pueblos, experiencia de lucha y que tanto serán capaces de coordinar estrategias legales con políticas.