Saltillo, Coah. 9 de agosto. El hondureño indocumentado Reyes Gustavo Ardón Alfaro fue condenado a 44 años de cárcel por el homicidio de la señora Perla Judith Quintero, en un proceso viciado y carente de sustento jurídico por violar procedimientos e ignorar tanto reformas legales vigentes como diversos tratados internacionales adoptados por México, afirmaron abogados y operarios de la Casa del Migrante Belén, de la capital coahuilense.

En un comunicado y en conferencia de prensa ofrecida este martes, los activistas dijeron que la sentencia dictada el pasado lunes por el juez Adrián González Hernández contra Ardón Alfaro, no sólo pasó por alto las inconsistencias y contradicciones de la única testigo acusadora y de los policías que lo detuvieron, sino que deja impunes a los verdaderos responsables del crimen y da continuidad a la fabricación de culpables, que es una práctica oficial conocida.

También impugnaron el fallo ante las irregularidades cometidas por el juez, que desestimó la segunda declaración del acusado, lo privó de tener asesoría por avisar a destiempo al consulado de Honduras (función que corresponde al Ministerio Público), y se ausentó de las primeras audiencias, contra lo dispuesto por los artículos 20 fracción dos de la Constitución mexicana, 36 de la Convención de Viena y otros aplicables de los códigos Penal y de Procedimientos Penales de Coahuila.

Tales irregularidades constituyen una violación a las normas del debido proceso y se añade que González Hernández ignoró los dictámenes emitidos por Amnistía Internacional y la Comisión Internacional Contra la Tortura, que advirtieron que el acusado fue sometido a tormentos y tratos crueles, inhumanos y degradantes, indicaron los impugnadores encabezados por el sacerdote Pedro Pantoja Arreola.

Consideraron lamentable la muerte de la víctima y se solidarizaron con su madre, la señora Perla Judith Quintero Caballero, pero señalaron que durante el juicio el Ministerio Público no acreditó el robo como móvil del homicidio, y la única testigo presencial nunca dijo haber visto a Ardón Alfaro cometerlos; pero el juez lo declaró culpable aún sin asistir a la mayor parte del juicio.

Aunado a todo ello –advirtieron– el médico forense fue citado en seis ocasiones pero no se presentó al juicio, y su dictamen se validó como prueba plena; mientras los agentes ministeriales acusados de torturar a Ardón Alfaro no fueron investigados ni sancionados y uno de ellos falseó sus declaraciones, pese a la denuncia presentada por la Casa del Migrante saltillense en diciembre de 2010.

Tras enunciar las anomalías procesales documentadas, los defensores y activistas comentaron que al dialogar con el juez incluso constataron sus lagunas y desconocimiento del caso, por lo que su sentencia no impartió justicia ni correspondió a la verdad, y se apelará en espera de que la revisión sí se apegue a derecho y lleve a dictar la libertad inmediata del migrante hondureño condenado injustamente.

Con información de Fernando Camacho Servín