El juzgado décimosegundo de distrito en materia administrativa concedió a Megacable una suspensión definitiva para que la Comisión Federal de Competencia (CFC) no resuelva el recurso de reconsideración interpuesto por Telcel en contra de la multa de 12 mil millones de pesos, hasta que se defina si el comisionado presidente de ese órgano regulador, Eduardo Pérez Motta, debe participar o no en esa revisión, e invalidarse la recusación que avalaron dos comisionados para que quedara fuera del procedimiento.

En sentido contrario, hace una semana la juez federal Blanca Lobo Domínguez le negó un amparo a Eduardo Pérez Motta, en contra de la decisión del pleno de separarlo de la revisión de la multa, debido a que dos comisionados decidieron que era procedente la solicitud de recusación de Telcel, por considerar que el comisionado presidente había hecho afirmaciones por distintos medios sobre su firme posición sobre la multa contra Telcel.

El argumento de la juez para negar el amparo a Pérez Motta fue que el quejoso carece de interés jurídico para impugnar la recusación declarada por la mayoría de integrantes de la CFC, el pasado 23 de junio.

Se prevé que Pérez Motta impugne la resolución de la juez debido a que su solicitud de amparo no es por interés individual o personal, sino en su carácter de presidente de la CFC, el órgano antimonopolios que tiene como mandato velar por los intereses de los consumidores de diversos sectores.

La suspensión otorgada a Megacable se derivó de una solicitud de amparo presentada por esta empresa en contra de la resolución del pleno de la CFC, en la que con los votos de sólo dos comisionados se determinó que Pérez Motta debía sujetarse a la recusación y no participar en la revisión de la multa.

Investigación contra Televisa y Grupo Salinas

Nextel recibió una notificación de la CFC en la que se le informó que como parte de la denuncia de concentración prohibida que interpuso en contra de Grupo Televisa y Grupo Salinas, incluyó en el estudio en marcha el análisis de los efectos que podría generar en el proceso de competencia las acciones tendientes a retrasar las asignaciones de espectro, los procesos litigiosos interpuestos por Grupo Iusacell, y si se generarían incentivos para la realización de prácticas violatorias de la ley por ambas televisoras ante su participación en el mercado de la publicidad por televisión.