El acuerdo entre México y Estados Unidos para la operación en territorio nacional de integrantes de las agencias antidrogas (DEA) y Central de Inteligencia (CIA), así como del Pentágono, que trabajan conjuntamente con autoridades mexicanas en un centro de fusión e inteligencia para el combate al narcotráfico, forma parte de una carta de entendimiento signada por ambos gobiernos hace 18 meses.

Según legisladores de varios partidos, los detalles de coordinación se concretaron durante la reunión entre los presidentes Felipe Calderón y Barack Obama, el pasado marzo, y el acuerdo comenzó a operar hace dos meses, cuando los estadunidenses iniciaron trabajos de inteligencia y de planeación y ejecución de operativos contra los cárteles de la droga en una base militar ubicada en el norte de México.

El senador del PRI Carlos Jiménez Macías dijo que ha recibido información de la existencia de ese memorando de entendimiento, que confirma gran parte de lo publicado por The New York Times. Es uno de los puntos que el gobierno de Calderón debe explicar al Congreso, recalcó, ya que fue diseñado para violar las leyes mexicanas, mismas que prohíben la operación de fuerzas militares y policiacas extranjeras y la participación directa de otra nación en asuntos internos, sobre todo si son de seguridad nacional.

Otras fuentes en el Senado revelaron que, según esa carta de entendimiento, los responsables del centro de fusión –similar a los que usa Estados Unidos en Afganistán e Irak– son el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), por parte de México, y por Estados Unidos la CIA y la DEA.

Quienes conforman la base de Estados Unidos pertenecen, además de las dos agencias anteriores, al Departamento de Estado, la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Departamento de Defensa, con algunos integrantes del Comando Norte y del Pentágono.

Se sabe que los participantes en la operación por parte del Departamento de Defensa estadunidense son funcionarios civiles con experiencia castrense y algunos militares retirados. Ello es una trampa, ya que si fueran tropas se requeriría la autorización específica del Senado para poder estar en el país, comentó el senador del PT Ricardo Monreal.

El legislador zacatecano dijo que tiene información de que se pretende dar un viso de legalidad a la presencia de los agentes de Estados Unidos en México, con el argumento de que no operan a espaldas del gobierno mexicano, sino que son parte de un esquema de cooperación “dentro de la guerra de Calderón contra el narco”, y que su presencia se enmarca en las reglas ya autorizadas por el Congreso para agentes extranjeros.

Una versión que circuló también en el Senado es que un selecto grupo de legisladores estaba al corriente de ese acuerdo, pero la mayoría lo negó ayer. Para mí ha sido una sorpresa conocer que hay un acuerdo México-Estados Unidos para una acción conjunta en territorio mexicano. Esto tiene muchos filos que hay que evaluar, sin duda alguna, y por eso la Comisión Permanente aprobó ayer un punto de acuerdo en ese sentido, comentó el coordinador de los senadores del PRD, Carlos Navarrete.

Igualmente, el coordinador de los diputados del PRD, Armando Ríos Piter, rechazó que estuviera al tanto de ese operativo, al igual que el presidente de la comisión bicamaral de Seguridad Nacional, el senador René Arce.

A su vez, Jiménez Macías (PRI) precisó que es grave la información que dio a conocer The New York Times, en el sentido de que agencias de seguridad de Estados Unidos operan en México. Otras fuentes legislativas sostuvieron, sin embargo, que en la carta de entendimiento no se plantea la incorporación de contratistas, ni hay una propuesta del gobierno de Obama en ese sentido.

Con respecto a los vuelos no tripulados sobre territorio nacional, la información del rotativo estadunidense es inexacta, toda vez que estaban operando seis o siete meses antes de la reunión de Calderón y Obama, el pasado 3 de marzo.

Ayer, durante el debate en la Permanente, el senador del PRD Pablo Gómez recordó que los sobrevuelos de naves no tripuladas de Estados Unidos en espacio aéreo mexicano, es uno de los asuntos en que no ha habido respuesta gubernamental, al igual que en el operativo Rápido y furioso.