La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emitió la recomendación 5/2011 a la delegación Coyoacán, las secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda y de Transportes y Vialidad, y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACM), por irregularidades en la construcción de dos desarrollos habitacionales en el pueblo de Santa Úrsula Coapa.

Se trata de la primera recomendación que emite el organismo relacionada con obras de este tipo, en la que la comisión acreditó violaciones a los derechos humanos de los vecinos –que siempre se opusieron a dichos proyectos– referentes al agua, la salud y a un nivel adecuado de vida, por lo que pide iniciar procedimientos administrativos a fin de suspender, clausurar o regularizar dichos complejos.

Los desarrollos habitacionales están ubicados en el callejón del Esfuerzo 302 y en Calzada de Tlalpan 3155, aunque este último, que consta de 96 viviendas de interés social, ya fue inaugurado por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrad, quien destacó que el proyecto permitiría ahorrar energía y agua, al aprovechar la luz solar y contar con cisternas que recuperan el agua pluvial para ser utilizada en sanitarios y labores de limpieza.

Según la CDHDF, en la construcción de la unidad habitacional de 80 departamentos en el callejón del Esfuerzo se afectó un área verde y se usaron explosivos químicos para realizar un pozo de absorción que será usado como desagüe, sabiendo que a unos 50 metros hay un venero y sus aguas son tratadas para consumo humano.

En el caso del complejo de Tlalpan 3155, inaugurado el pasado 20 de julio, se acreditó que provocaría la saturación de los servicios de drenaje y agua, así como problemas de vialidad en la zona, donde además se han producido hundimientos y grietas en los predios colindantes.

El documento consta de 16 puntos recomendatorios, en los que pide a las dependencias involucradas realizar un diagnóstico de las redes primaria y secundaria de agua potable, drenaje y alcantarillado del pueblo de Santa Úrsula Coapa, así como de vialidad.

Asimismo, pide instaurar procedimientos administrativos para determinar la suspensión, clausura o regularización de las obras, hasta que haya un estudio de factibilidad tanto vial como de servicios, y realizar un dictamen a los predios colindantes, a fin de constatar posibles daños.