La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó ayer en lo general la ley federal contra el lavado de dinero, con la que se obligará a ciudadanos, comerciantes y profesionistas a informar de operaciones sospechosas que superen los 200 mil pesos en efectivo en el caso de autos, joyas, relojes y asesorías, y de un millón en la adquisición de bienes inmuebles.

Al continuar la revisión de la minuta del Senado, la comisión decidió reservarse para su votación en lo particular los 65 artículos de la ley. Ante la polémica desatada entre los grupos parlamentarios y en los colegios de profesionistas, se suprimió el artículo cuarto, que incluía la obligación de que éstos reporten operaciones de ese tipo en nombre de sus representados.

Sin embargo, persiste la obligación para que en forma individual, profesionistas, comerciantes y propietarios de concesionarias de automóviles informen a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda operaciones en efectivo de sus clientes, a pesar de la alerta que los propios diputados expresaron hace dos semanas acerca de que se colocaría a los ciudadanos en riesgo frente a la delincuencia organizada.

Ayer la comisión decidió reunirse en privado para mantener en reserva el debate. Luego de más de cinco horas de trabajo, los integrantes suspendieron el encuentro tras aprobar el artículo 14. Los trabajos se reanudarán este viernes a las 9 de la mañana para discutir los montos que deberán considerarse sospechosos.

El dictamen a la minuta del Senado señala que cualquier operación que rebase los límites definidos en la ley tendrá que ser reportada por notarios, joyeros, propietarios de lotes de autos y profesionistas.

También define que si bien los bancos estarán obligados a dar seguimiento a las operaciones, actividades, conductas o comportamiento de cualquiera de sus directivos, funcionarios, empleados y apoderados, así como construir un perfil de sus clientes y reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones inusuales, es necesario deslindar a las instituciones si son utilizadas para lavado de dinero.

Resulta equívoco el concepto de sujetos obligados (para los bancos) ya que, en efecto, por las actividades que realizan son vulnerables a las acciones del crimen organizado.

Al salir de la reunión, el diputado Óscar Levín Coppel (PRI) sostuvo que “todo mundo estaba esperando que aprobáramos la ley de lavado de dinero… que es en todo sentido urgente. Lo han pedido los organismos empresariales, los banqueros, la sociedad, que se pongan topes a este acto delictivo tan delicado”.

El diputado Mauricio Toledo (PRD), secretario de la comisión, sostuvo que el dictamen abona a un Estado de represión que limita las libertades, porque si bien se quiere dar un importante golpe a la delincuencia organizada, se violenta la autonomía profesional y la privacidad de las personas.

Refirió que se hizo un llamado a la Comisión de Justicia para que sesione y apruebe el dictamen, ya que la minuta se turnó a ambas comisiones.