n el marco de la discusión sobre el presupuesto federal para 2012 se han expresado diferencias significativas sobre el pacto federal y el ejercicio de las facultades de los gobiernos estatales para emitir deuda. Más allá de la rispidez de las argumentaciones, lo que resulta importante es el cuestionamiento sobre las características que debe tener un nuevo pacto que constituya una verdadera república federal. El viejo funcionamiento priísta reconocía la existencia del pacto federal, pero en materia presupuestal el centralismo era evidente.
De acuerdo con un conocido estudio de A. Lijphart, la centralización de un gobierno se mide en relación con la proporción total de los impuestos federales y locales en manos del gobierno central. Traducido a nuestros términos se trata del reparto de los ingresos federales participables, o simplemente de las participaciones federales. La discusión última al respecto se ha concentrado en la propuesta de reforma a la Ley de Coordinación Fiscal que elevaría de 20 a 28 por ciento las participaciones federales a los estados.
Simultáneamente otra discusión ha llenado los espacios informativos: el endeudamiento federal y el de algunas de las entidades federativas. Se trata de evaluar la evolución de la deuda pública federal y la de los estados. Según los datos conocidos, la deuda pública federal ha crecido de 1.95 billones en 2005 a 5 billones en 2010; es decir, ha crecido más de 150 por ciento. La deuda de algunos estados, desde el arribo de la llamada alternancia política que implicó la autonomización de la gestión de gobernadores estatales, no sólo ha tenido crecimientos sustanciales, sino que los saldos reales se han ocultado.
El caso que se ha vuelto emblemático por razones obvias es Coahuila. En los registros oficiales de Hacienda la deuda de este estado asciende a 8 mil 342 millones de pesos, pero en realidad el saldo es de 32 mil millones. La discrepancia de casi cuatro veces en el saldo da cuenta de la incapacidad de las autoridades hacendarias federales para conocer los montos de endeudamiento aprobados por los congresos locales, la emisión efectiva de los instrumentos de endeudamiento y, lo que es más grave aún, el destino de esos recursos. Da cuenta, asimismo, de que 24 mil millones de pesos fueron utilizados con propósitos no conocidos. Por eso en vísperas de la coyuntura electoral de 2012 el asunto está en el orden del día nacional.
Priístas y panistas se están enfrentando para lograr los recursos necesarios para aplicar en la próxima contienda presidencial. Nadie duda del uso electoral de todos los renglones del gasto de las entidades y del gobierno federal, lo que se busca resolver es que el presupuesto de 2012 limite a uno(s) y dé libertades a otro(s). La discusión sobre la ampliación de los recursos participables a los estados de la federación, no es sino el debate sobre la capacidad de actuación electoral en 2012 de quienes gobiernan a esos estados.
Las finanzas públicas estatales se complicarán el año entrante, además, por la eliminación del cobro de la tenencia vehicular. El monto de la recaudación por este concepto iba a las arcas estatales y, en conjunto, implica recursos superiores a 30 mil millones de pesos. El DF con más de 7 mil millones, Edomex con casi 4 mil millones y Jalisco con 3 mil millones serían las entidades más afectadas, pero Coahuila perdería cerca de 900 millones.
Para enfrentar esta disminución de sus recursos propios las entidades, salvo el DF, podrán hacer uso del endeudamiento para cerrar sus presupuestos, lo que ha empezado a preocupar al oligopolio calificador, Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, que pudieran modificar la calificación de la deuda mexicana.
Así las cosas, el tema de la descentralización de los recursos federales en la coyuntura electoral próxima es simplemente la máscara tras la que se ocultan propósitos de uso clientelar. Resulta difícil que, en consecuencia, una discusión que involucra cuestiones básicas en el funcionamiento de una democracia federalista prospere, lo que ratifica la esencia centralista de nuestro sistema. La política mexicana ratifica también sus verdaderos intereses.
