Acapulco, Gro., 18 de agosto. Martha Obeso Cazares, viuda de Armando Chavarría Barrera –ejecutado el 20 de agosto de 2009, cuando era presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso local– criticó la pasividad del gobierno de Ángel Aguirre Rivero en la investigación del crimen. En tanto, el procurador Alberto López Rosas reconoció que no hay avances en las indagatorias del caso, pero anunció nuevas líneas de investigación.

Obeso Cazares demandó que se cite a declarar al ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, pues es una pieza clave que podría arrojar indicios para conocer la verdad, dijo.

El titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) admitió que Torreblanca Galindo podría ser citado a declarar en relación al asesinato de quien en ese momento se perfilaba como candidato del Partido de la Revolución Democrática a la gubernatura.

Luego de participar en un homenaje al legislador asesinado, Obeso Cazares dijo: No sentimos molestia ni decepción; no está sucediendo nada que no supiera que iba a pasar. Lo dije en el sepelio de Armando: es un crimen que tiene visos de Estado. No soy ingenua, no espero que ocurran milagros, sólo espero que hagan su trabajo, agregó la viuda.

El asesinato del presidente del Congreso es el más emblemático, no el más sentido, pues todos los seres humanos valemos exactamente lo mismo, pero él representaba uno de los poderes del estado que fue descabezado, dijo, y reiteró su exigencia de que avance la investigación.

No sabemos con qué fundamento Zeferino Torreblanca, antes de concluir su gestión, dijo que había un avance de 99 por ciento en la investigación y que sabía lo que había pasado y que sólo faltaba entregar a los responsables. Es un ciudadano como todos. No puede gozar de inmunidad y debe ser llamado a declarar, insistió luego de participar en el homenaje convocado por el alcalde de Acapulco, el priísta Manuel Añorve Baños.

López Rosas hizo a su vez un recuento de lo investigado. De entrada, dijo que se descartaron el crimen pasional y el supuesto enriquecimiento ilícito de la familia del perredista, anunciados de manera irresponsable como móviles del crimen durante el gobierno de Zeferino Torreblanca, quien podría ser citado para que informe del caso, advirtió.

En conferencia de prensa, el procurador general de Justicia del estado anunció nuevas investigaciones relacionadas con el crimen, entre ellas la presunta participación de los entonces servidores públicos que tuvieron en sus manos la pesquisa y desaparecieron el expediente tres semanas antes de que concluyera la administración de Torreblanca Galindo.

Por ello se inició ante la Agencia Especializada de Delitos Cometidos por ex Servidores Públicos una averiguación previa y se libró orden de presentación contra Jesús Miranda Rodríguez, el ex fiscal regional de la zona centro y delitos graves de la PGJE, quien fue responsable directo de la investigación del homicidio, así como otros ex funcionarios que podrían haber incurrido en responsabilidad por haber dispuesto, sin motivo legal y supuestamente por órdenes del gobierno pasado, borrar las evidencias de esa indagatoria.

Después de que la Procuraduría General de la República devolvió la competencia a la PGJE se han realizado 13 actuaciones, entre otras, la búsqueda de Raúl Jiménez García, supuesto testigo que señaló al comandante Ramiro (de la dirigencia del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente, muerto en noviembre de 2009), como autor intelectual del crimen de Chavarría, tesis ahora desechada y con la cual se intentó dar por resuelto el caso.

De manera indolente, pese a sus acciones evidentemente delictivas (Jiménez García) no fue arraigado, no se le sujetó a investigación, mucho menos lo consignaron ante el juez ni fue declarado testigo protegido para justificar lo anterior, por lo cual su testimonio fue desestimado por el Poder Judicial de la Federación por conducto del juzgado de distrito, lo cual confirmó el tribunal unitario de circuito, comentó el procurador.

La administración de Torreblanca Galindo manoseó y manipuló el caso, lo “que llevó a la desviación de las líneas de investigación más lógicas y congruentes (originalmente eran delincuencia organizada, política, crimen pasional y guerrilla). Por esa causa los tribunales judiciales de la Federación resolvieron declarar la ausencia de motivación y fundamentación; por ello, negaron las órdenes de aprehensión contra personas que fueron señaladas como presuntos autores del homicidio.

Nunca hubo 99 por ciento de avances en este asunto, como anunció el (entonces) gobernador Zeferino Torreblanca, lo que no puede avalar este órgano (PGJE), concluyó.

En tanto, Oswaldo Chavarría Obeso, hijo del perredista ultimado, advirtió que esclarecimiento del crimen de su padre no es negociable, y así como en su momento se lo exigimos a Zeferino Torreblanca, hoy hacemos lo mismo con Ángel Aguirre, porque fue un compromiso que él hizo con la familia y con el pueblo de Guerrero. No vamos a permitir que quede impune, dijo en el Congreso local, donde se inauguró una exposición fotográfica en memoria del fallecido.