Diputados del PRD de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) se comprometieron a hacer las reformas correspondientes a la Ley de Participación Ciudadana para posponer la segunda consulta ciudadana sobre presupuesto participativo programada para el próximo 28 de agosto, y comenzar el cabildeo con el resto de los grupos parlamentarios para su aprobación en un periodo extraordinario.

Lo anterior, luego de que los consejeros del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) sostuvieron, mediante un pronunciamiento, que es absolutamente falso que exista un acuerdo con la ALDF para posponer la consulta, como informó el legislativo el pasado miércoles.

La presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, Lizbeth Rosas, dijo que durante una reunión privada la tarde de ayer, en la sede del gobierno capitalino, los consejeros electorales pidieron certeza jurídica para aplazar dicho ejercicio con las modificaciones a la norma y no buscar darle la vuelta a la ley.

Informó que el fin de semana se trabajará en una propuesta que será presentada la próxima semana a la presidenta de la Comisión de Gobierno, Alejandra Barrales, quien señaló a su vez que comenzará pláticas con los líderes de las diferentes bancadas para analizar la viabilidad de llevar a cabo el periodo extraordinario, pues son muchas las peticiones de los comités ciudadanos para prorrogar la fecha de la consulta.

Cualquier definición que se tome, en acuerdo ya con el gobierno, pues nos obliga a reformar la ley. No podemos ponernos de acuerdo para no respetarla, apuntó.

En el pronunciamiento que los consejeros del IEDF aprobaron por la mañana durante la sesión de la Comisión de Participación Ciudadana se advierte que la postergación de esa consulta no es cuestión de un acuerdo, sino de una reforma a la ley, atribución exclusiva de la ALDF, para la cual no necesita celebrar acuerdos con nadie y aun cuando señalaron que están en condiciones de llevarla a cabo en virtud de que hemos cumplido en tiempo y forma con todas nuestras obligaciones en materia de capacitación, diseño de materiales, catálogo de lugares y de la propia organización de la consulta, pero serán respetuosos de lo que decidan los legisladores.

El pronunciamiento patentiza el malestar de los consejeros ante la falta de interés del gobierno central y la ALDF, pues no sólo infringieron su responsabilidad de hacer la difusión de la consulta, como señala la misma convocatoria, sino que a las reuniones con los consejeros Gustavo Anzaldo y Fernando Díaz Naranjo, presidentes del Consejo General y de la Comisión de Participación Ciudadana, respectivamente, siempre enviaron representantes sin capacidad para tomar decisiones.