El PRD capitalino fracasó en su intento de emitir un acuerdo para los lineamientos en materia de actos de difusión y propaganda dentro y fuera de los tiempos de precampaña, campaña y ámbitos territoriales, que tenía como objetivo poner orden sobre la excesiva promoción de su imagen que realizan algunos militantes interesados en ser candidatos a algún cargo de elección el próximo año, particularmente para la jefatura de Gobierno, así como evitar juicios y multas contra del partido por actos anticipados o cualquier otra omisión a la legislación electoral.

Lo anterior, ante el rechazo que generó el citado proyecto de acuerdo entre los representantes de algunas expresiones dentro del secretariado estatal. Según integrantes del órgano de dirección partidaria, además del secretario general del partido, Jesús Valencia Guzmán, quien pertenece al grupo del jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, se opusieron Izquierda Social (IS), Nueva Izquierda (NI), la Red para la Unidad de las Izquierdas (Runi) y se sumó al final al rechazo a la regulación Unidad y Renovación (Unyr).

Esto, aun cuando el artículo 291 del estatuto del partido señala que los aspirantes a candidatos internos no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda, por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas. La violación a esta disposición se sancionará con la negativa de su registro como precandidato.

Al respecto, el presidente del PRD-DF, Manuel Oropeza Morales, reconoció la falta de acuerdos para llegar a un documento consensuado e informó que esperarán a que el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) emita –como ya anunció– un acuerdo de observancia general para todos los partidos, como el que publicó previo a la elección de 2009: Criterios sobre imparcialidad en el uso de recursos públicos, propaganda institucional y gubernamental, y actos anticipados de precampaña y campaña.

El proyecto de lineamientos perredista, elaborado por la representación del partido ante el IEDF, proponía algunas medidas que en su exposición de motivos consideraba excesivas, pero imprescindibles, como hacer que el candidato, precandidato o militante que hubiese provocado la sanción económica o administrativa fuera responsable solidario de la misma, y su caso se turnara a la Comisión Nacional de Garantías.