San Cristóbal de las Casas. El Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) recomendó a su director general, Xavier Abreu Sierra, evaluar y valorar la permanencia en el cargo de su delegado en Chiapas, Javier Zepeda Constantino, debido a que ha acumulado 16 observaciones relevantes y se detectaron irregularidades por 14 millones 239 mil pesos en la adjudicación, ejecución y supervisión general de un tramo de la carretera Ocosingo-San Quintín, que debió concluir el 31 de diciembre pasado y sólo tiene 65 por ciento de avance.

En un documento firmado por María de Lourdes Torres Landa Hernández, titular del Órgano Interno de Control, tras la auditoría al ejercicio 2010 de la CDI en Chiapas, se afirma además que Zepeda Constantino contrató siete trabajadores que no están laborando físicamente y no hay evidencia de que se encuentren comisionados, para los cuales se destina una nómina mensual de 79 mil pesos que se encuentran en la cuenta bancaria de la delegación, aparte de que 13 vehículos son usados en días inhábiles y fines de semana para uso particular.

Según el texto de 14 páginas, con sello de recibido el 29 de junio en las oficinas centrales de la CDI, la delegación estatal adjudicó la obra carretera a la empresa Constructora Dogma, SA de CV, sin contar con los elementos documentales suficientes que avalen su capacidad técnica, pues no cuenta con la evaluación, análisis y dictaminación de las propuestas, aunado a que su documentación legal está incompleta.

Añade que el presupuesto presentado por la empresa citada al concursar la obra fue de 14 millones 239 mil 994.28 pesos, exactamente igual al techo presupuestal autorizado, situación que resulta por demás sospechosa, pues es el mismo importe con pesos y centavos, lo que ocasionó que otras dos empresas que participaron en la licitación quedaran fuera.

En la asignación directa para la supervisión gerencial de la obra por 427 mil 199.83 pesos la delegación de la CDI invitó a la ingeniera Soraya Jabibi Nazar Figueroa quien presentó un presupuesto exactamente igual al techo presupuestal autorizado, por lo que probablemente lo conocía, agrega.

Sostiene que el contrato entre la delegación estatal de la CDI y Dogma se firmó el 14 de junio de 2010, cuando la obra fue autorizada el 18 de marzo del mismo año” y que la obra está inconclusa debido a la falta de recursos, y de los 14 millones 239 mil pesos autorizados sólo se ministraron y ejercieron 7 millones 119 mil; es decir, 50 por ciento del total”, por lo que “no se cumplieron las metas y objetivos programados.