En cambio no procesa al multiasesino confeso Posada Carriles, dice
Domingo 21 de agosto de 2011, p. 20
La Habana, 20 de agosto. Cuba rechazó su inclusión en la lista que Estados Unidos elabora sobre países patrocinadores del terrorismo
y declaró que intenta en esa forma continuar justificando
la política de bloqueo económico a la isla.
La lista negra apareció esta semana, como parte del ritual que sigue Washington al emitir un informe sobre terrorismo en el mundo, pero las consecuencias están lejos de ser rutinarias. Un gobierno que cae en ese saco se enfrenta a posibles represalias como un embargo de armas, una vigilancia extraterritorial sobre algunas de sus compras internacionales, la prohibición de asistencia económica y sanciones financieras o de otro tipo.
Cuba está en esa lista desde 1982. El ultimo informe reconoció la posición pública
del gobierno de La Habana contra el terrorismo y su financiamiento
, pero no encontró evidencia
de que la isla haya roto relaciones con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Además, el reporte cita versiones de prensa, según los cuales algunos miembros actuales y anteriores
de la organización vasca ETA aún viven en la isla.
El informe admite que no hay evidencias de apoyo cubano a las FARC y que La Habana permitió este año a la policía española confirmar la presencia en territorio cubano de posibles miembros de ETA. Incluso señala que el gobierno de la isla está consciente de la relevancia de la seguridad fronteriza e investigó el tráfico de migrantes y la delincuencia asociada en un tercer país
.
Más aún: en noviembre pasado Cuba permitió a funcionarios estadunidenses visitar aeropuertos de la isla para verificar sus medidas de seguridad, según el informe.
La cancillería cubana dijo que Estados Unidos no tiene la más mínima moral ni derecho alguno
de juzgar a la isla. En cambio, le reprochó el historial de ataques al país y recordó que Washington no ha procesado por terrorismo a Luis Posada Carriles, confeso autor de atentados a objetivos cubanos.
La cancillería reclamó que sigan en prisión los cinco agentes cubanos detenidos en 1998 y que tenían como misión reportar las acciones violentas que se planeaban en Estados Unidos contra la isla.