Las constantes violaciones a los derechos humanos cometidas por cuerpos policiacos federales y estatales, que irrumpen en domicilios particulares sin orden judicial, prueban que el Senado tuvo razón al oponerse a que se legalizara dicha práctica, la cual el presidente Felipe Calderón pretendía incluir en la reforma penal de 2007 y en la Ley de Seguridad Nacional, coincidieron en expresar los senadores priístas Francisco Labastida y Pedro Joaquín Coldwell, y el ex perredista René Arce.

Labastida expuso que la minuta sobre la Ley de Seguridad Nacional que salió del Senado eliminó la facultad al Ejército para catear casas y retener personas más allá de 72 horas, como se proponía en la iniciativa presidencial, y así debe mantenerse.

Por fortuna, agregó, diputados y senadores van a dictaminar conjuntamente la minuta, a fin de lograr consensos y entregar una ley que proporcione a las fuerzas armadas el marco jurídico para realizar tareas de seguridad pública, y al mismo tiempo preserve las libertades y los derechos constitucionales de los mexicanos.

Por su parte, el senador Pedro Joaquín Coldwell, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, recordó que cuando se dictaminó la reforma constitucional sobre seguridad pública y justicia penal, hubo un fuerte debate en torno a permitir que la policía realizara cateos e intervenciones telefónicas sin orden judicial.

La propuesta se rechazó después de consultar con juristas, defensores de derechos humanos y académicos, quienes alertaron sobre el riesgo de avalar un marco jurídico de excepción, con el pretexto de combatir el crimen organizado.

Al respecto, el senador René Arce, presidente de la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional, coincidió en que ese punto debe cuidarse en la Ley de Seguridad Nacional. No puede haber acciones de ninguna policía o fuerza armada que suplanten las facultades del Poder Judicial, que es el único que puede autorizar los cateos o arraigos.

Por separado, la senadora panista Beatriz Zavala Peniche demandó a los gobernadores de los estados de México y Yucatán, Enrique Peña Nieto e Ivonne Ortega, que en cumplimiento del artículo 21 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, apliquen los controles de confianza a los altos mandos de las entidades a su cargo.

De su lado, defensores de derechos humanos subrayaron que los allanamientos ilegales son una práctica que se utiliza con mayor frecuencia desde que comenzó la guerra contra el crimen organizado, lo cual ha hecho aumentar el número de violaciones a las garantías individuales y la sensación de vulnerabilidad de los ciudadanos.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, indicó que durante los operativos de las policías y el Ejército se presentan múltiples deficiencias y abusos, como robos, amenazas y daños en propiedad ajena, en el contexto de un allanamiento que ya es ilegal per se.

No podemos decir que antes no hubieran cateos, pero ahora han aumentado a causa de la guerra contra el crimen organizado, lo cual es totalmente violatorio de los derechos humanos, apuntó la activista, quien llamó a estar vigilantes de nuevos abusos para denunciarlos por todos los medios.

Julio Mata, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México (Afadem), recordó que los allanamientos suelen ir acompañados de siembra de pruebas para fabricar culpables. El poeta (Efraín Bartolomé) hasta disculpas recibió, pero ¿qué pasa con la gente que no es conocida?, preguntó.