Debido a malos manejos y corruptelas, el Fideicomiso Ferronales, constituido en 1997 con fondos provenientes de la privatización de Ferrocarriles Nacionales de México (Ferronales), está al borde de la quiebra, lo que pone en riesgo los derechos laborales de más de 20 mil trabajadores del riel jubilados y pensionados.

Hasta 2001, ese fideicomiso contaba con cerca de 18 mil 300 millones de pesos y aseguraba el pago de las pensiones de los ferrocarrileros hasta 2032, pero al parecer los recursos se esfumaron, ya que este año fue necesario asignarle en el presupuesto federal mil 500 millones de pesos.

Ante ello, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión solicitó a la Secretaría de la Función Pública que le remita –en un plazo de cinco días hábiles– un informe pormenorizado y actualizado sobre todas las auditorías practicadas al Fideicomiso Ferronales 5012-6,de 2006 a la fecha, así como lo relativo a las sanciones contra los responsables del presunto desfalco.

En el dictamen aprobado por la Permanente en la sesión del miércoles pasado se advierte que todo indica que se está ante un nuevo e inminente rescate millonario con cargo al erario, ya que el gobierno federal se comprometió –en el decreto de liquidación de Ferronales– a garantizar completamente el pago vitalicio de pensiones a los ferrocarrileros, en caso de que el fondo fuera insuficiente.

La propuesta la formularon los diputados perredistas Esthela Damián, Samuel Herrera y Emilio Serrano, quienes sostienen que la propia Auditoría Superior de la Federación (ASF) constató desde 2004 irregularidades en ese fideicomiso constituido el 19 de diciembre de 1997, con Ferrocarriles Nacionales como fideicomitente, Nacional Financiera en calidad de institución fiduciaria y como fideicomisarios los 56 mil 372 trabajadores jubilados y por jubilar.

El Fideicomiso Ferronales cuenta con un comité técnico integrado por cuatro miembros, que son representantes de las secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Hacienda, de Ferronales y el dirigente nacional del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM), Víctor Flores.

Entre otras responsabilidades, ese comité es el encargado de aprobar los programas operativos del fideicomiso y de instruir a la fiduciaria sobre la mejor forma de invertir el patrimonio, que en 2001 era de 18 mil 252 millones 824 mil pesos.

Hay señalamientos que apuntan a que ese comité ha sido mal administrador del fondo que se creó para garantizar las pensiones y jubilaciones vitalicias de los ferrocarrileros. Aunado a actos de presunta corrupción, según se aprecia en el resultado de las auditorías practicadas, el fideicomiso está al borde de la quiebra.

Entre las irregularidades detectadas por la ASF en 2007 están una información inconsistente sobre las expectativas de mortalidad consignadas en el estudio actuarial realizado en enero de 2007, ya que habla de 20 mil 263 fideicomisarios, a quienes el actuario daba un máximo de vida de 81 años, en el caso de los hombres, y de 85 a las mujeres.

“Al contrastar esta información con la del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) salta a la vista y resulta improbable que en el padrón de fideicomisarios de Ferrocarriles Nacionales se concentren ciudadanos que rebasen la esperanza promedio de vida de los mexicanos, que en 2010 correspondía a 78 años para las mujeres y 73 para los hombres.

La Comisión Permanente remitió ya a la Secretaría de la Función Pública la propuesta en la que demanda información sobre el destino de la totalidad de los recursos invertidos en el fideicomiso, así como su situación financiera y las medidas que esa dependencia adoptará en relación con los responsables del desfalco millonario.