El gobierno de Sonora ignoró dos amparos interpuestos por indígenas y campesinos del valle del Yaqui contra la construcción del acueducto Independencia, que –según los afectados– les quitará la mitad de 900 millones de metros cúbicos de agua que son vitales para la agricultura de la región.

Los funcionarios han dicho a autoridades de la tribu yaqui que únicamente se extraerán 75 millones de metros cúbicos; los afectados dudan de esta aseveración, pues en medios locales se ha difundido que la pretensión del gobierno estatal es impulsar desarrollos urbanos, industriales y mineros.

Refirieron que el secretario de Economía del gobierno de Sonora, Moisés Gómez Reyna, ha mencionado su intención de cambiar de modelo de desarrollo económico (en el sur del estado), sobre todo por la concentración del ingreso en la región, mayoritariamente agropecuaria.

Ha sostenido que el sector agropecuario sólo contribuye con 1.1 por ciento de los sueldos y salarios, pero no ha dicho que uno de cada dos panes que se consumen en el país son de trigo que se cosecha en el estado y que en las casi 500 mil hectáreas sembradas en la entidad se cosecha 99 por ciento, y tampoco que 14 por ciento de la población de la entidad habita en zonas rurales.

René Enríquez Valenzuela, integrante del grupo de inconformes del distrito de riego 41, sostuvo que el gobierno utiliza como pretexto la necesidad de agua de los habitantes de Hermosillo, pero su intención es privatizar el líquido y entregarlo a maquiladoras, desarrollos mineros, industrias y otras actividades que, según las autoridades estatales, dejan más dinero.

Explicó que los afectados interpusieron dos amparos y obtuvieron sendas suspensiones; así, el gobierno de Sonora incurre en desacato al continuar con la construcción del acueducto. El juzgado octavo de distrito de Ciudad Obregón dictaminó en favor de los yaquis y agricultores afectados; el gobierno interpuso un recurso de revisión, pero el tribunal colegiado con sede en Hermosillo rechazó la queja y en las próximas dos semanas podría intervenir la fuerza pública para detener la obra.

Apuntó que antes del inicio de la obra los agricultores propusieron al gobierno la instalación de una planta desalinadora con la cual Hermosillo tendría 100 millones de metros cúbicos anuales de agua anuales y no dañaría las actividades agropecuarias del distrito 41. El costo de ese sistema es de 3 mil 300 millones de pesos (al acueducto cuesta 3 mil 800 millones). El gobierno no escuchó a los agricultores y ha puesto en riesgo a 900 mil personas del valle del Yaqui, señaló.

Continuar con la obra sentará un precedente muy peligroso, pues debilitará más la producción de alimentos, que aporta 7 por ciento del total nacional. Sonora es el primer productor de trigo, uva, papa y espárrago y cuarto de alfalfa.