l 17 de junio del presente año el señor Olivier De Schutter, relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, estuvo en el pueblo de Temacapulín, perteneciente al municipio de Cañadas de Obregón, en el estado de Jalisco. Llegó atendiendo una invitación que los habitantes del pueblo le hicieron para que constatara directamente la violación de una serie de derechos humanos debido a la construcción de la presa El Zapotillo, los cuales repercutían en la violación al derecho a la alimentación, recientemente elevado a rango de garantía constitucional por el Congreso de la Unión, aunque todavía se encuentra pendiente su aprobación en diversos congresos de los estados de la República para que entre en vigencia. Como parte de su misión, también visitó Talicoyunque, lugar donde el gobierno pretende reubicar a los afectados por la construcción de la presa.
Lo que el funcionario internacional vio y escuchó en ese lugar debió impresionarlo mucho, porque en su declaración oficial, que emitió al terminar su misión, anotó:
El relator especial visitó la comunidad de Temacapulín, donde los habitantes durante los últimos seis años han tratado de detener la construcción de la presa El Zapotillo que inundaría esta ciudad de alrededor de 400 habitantes. Tras su debate con un representante de la Comisión Estatal del Agua y con las personas que viven en Temacapulín, el relator especial está preocupado de que la tierra que se ofrece como compensación no permitirá a los habitantes de Temacapulín seguir trabajando en los cultivos de los que dependen los medios de subsistencia de muchos de ellos.
Llegó a esa conclusión después de constatar que los afectados viven de la agricultura y que en el lugar donde los pretenden reubicar ya no podrán practicarla, además de que no se les consultó ni tampoco se han respetado las sentencias que han ganado en los tribunales administrativos y judiciales.
Eso fue hace dos meses. Ahora las cosas han empeorado para quienes se oponen a la construcción de El Zapotillo.
En lugar de atender las recomendaciones del relator, los funcionarios han reforzado sus actividades para la construcción de la presa, sin que les importen las sentencias de amparo que les ordenan detenerla ni los juicios administrativos ganados por los inconformes ni la opinión del funcionario internacional invitado por el mismo gobierno para constatar la situación del derecho a la alimentación en nuestro país.
Todo indica que los gobiernos federal y de Jalisco, incluso con apoyo de la jerarquía católica de ese estado, están dispuestos a sacar la obra adelante, sin importarles los derechos de los afectados que con eso perderán su patrimonio y verán truncadas sus esperanzas de una vida digna.
El perímetro de terreno donde la obra se construye se encuentra cercada por la empresa constructora y la policía federal resguarda día y noche las entradas; no quieren otra sorpresa, como la de finales de marzo, cuando los habitantes de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, los tres pueblos más afectados por la obra, colocaron un campamento en el lugar donde se construye la presa y paralizaron los trabajos.
Paralela a la actividad policial, el gobierno ha lanzado una gran campaña de medios con la finalidad de convencer a los jaliscienses de que la obra los beneficia. En estas acciones no están solos. El 31 de mayo en las oficinas centrales del Instituto Nacional de Antropología e Historia se modificó el dictamen que esa misma institución había signado un mes antes para adecuarlo a las peticiones de la Comisión Nacional del Agua. De acuerdo con los inconformes, la modificación del dictamen se acordó en Los Pinos el 17 de mayo. Para satisfacer los deseos de los empresarios que se beneficiarán con la obra, los funcionarios no respetan ni sus propias actuaciones.
Pero no tienen la última palabra, porque los afectados se mueven para defenderse: acuden a espacios públicos para denunciar la violación de sus derechos; articulan sus acciones con otros grupos sociales que luchan por los mismos fines, y hasta con los que enarbolan otras demandas, como el de Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia; además de seguir los juicios ante tribunales.
Como parte de esa resistencia, el 21 de agosto integran la caravana Por el agua, por la paz, para todos y para siempre, que recorrerá la región de Los Altos, pasando por los municipios de Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Pegueros, Tepatitlán, Zapotlanejo y El Salto, famoso por ser uno de los más contaminados de México. El día 22 entró la marcha a Guadalajara. Otro tanto harán los migrantes en Los Ángeles, California, hasta donde han extendido su lucha. No están dispuestos a que su futuro se trunque por los intereses de los dueños del capital. Por eso, en su lucha de resistencia también imaginan otra forma de vida.
