l pleito entre panistas y los priístas de elite por los recursos presupuestales para el crucial ejercicio de 2012 muestra, a las claras, el uso faccioso y, hasta ilegal, de enormes partidas fiscales. En el binomio gasto público y transparencia se cruzan corrientes internas poderosas que lo distorsionan. Cuando esto ocurre, la distancia y frustrada correspondencia entre ambos se torna un oscuro, injusto e incomprensible proceso corrosivo para fomentar ciudadanía. El patrimonialismo, mal endémico en el ámbito mexicano, adquiere un espacio enorme en este rejuego de pasiones. Pero los afanes de lucro personal, muchas veces desmedido, también se elevan a sitio preferente. No menos importante en estas tergiversaciones de la ética ciudadana y los haberes públicos, el faccionalismo partidista se yergue en una cruzada que lleva, en sí misma, perdones y olvidos; es decir, la conocida, rampante y cínica impunidad de los actores políticos.

Lo crucial es retener o ganar el poder por cualquier medio. El haiga sido como haiga sido se convierte así en una narrativa encharcada en las consideraciones y las evaluaciones de los dirigentes de ocasión. Las distorsiones a la vida democrática salen a relucir por todos los lados de las mutuas acusaciones que se lanzan los actuales adalides de las dos más encumbradas organizaciones políticas. Unos (panistas) ponen el acento en los desproporcionados, pero ciertos, endeudamientos habidos en algunos estados gobernados por priístas. Los de la otra orilla (priístas) contestan apuntando hacia lo recargado de la nómina –sobre todo la de altos salarios– del aparato federal. Trabados en franca disputa difusiva, algunos priístas han salido más que raspados, en especial el actual presidente nacional del PRI. El endeudamiento en que incurrió cuando era gobernador de Coahuila tiene que repercutir de varias maneras, pues hiere al cuerpo social de la nación. De volverse polvareda comunicacional o chismes de mentideros, se corren peligros inminentes que, se espera, sean saldados en la venidera contienda presidencial.

Humberto Moreira no tendría escapatoria de cara a un sistema que fuera mínimamente exigente y penalizara tan grotesca situación en que incurrió. Ahora se explican muchas de las deformaciones del entramado estatal que pasaron por logros excepcionales de tan curioso bailarín. En primer lugar, la popularidad tan elevada, adquirida a golpes de millones y más millones de pesos desembolsados en obras, favores y compra de voluntades por aquí y por allá sin cortapisa ni mesura. En un segundo acercamiento, la transmisión (¿herencia?) del poder que se hizo en la persona del hermano. Esto refleja la corrosión en la moral democrática y se apareja, qué duda, con la compra de votos antes y durante los procesos electivos. Ambos sucesos le saldrán a los coahuilenses sumamente onerosos. Ahora tendrán que desembolsar cuantiosos intereses adicionales para pagar una deuda que ha sido degradada por las calificadoras. Pero, además, los tejemanejes que Moreira llevó a cabo también implican hechos punibles con cárcel para varios de sus colaboradores y para él mismo como último (¿o primer?) responsable de la trama, armada con trámites fraudulentos, para hacerse de tan enormes cantidades de dinero. Las complicidades partidistas, por su parte, manosearán de tal manera los hechos, dispendios y delitos concomitantes a las deudas adquiridas, que sus autores quedarán a buen resguardo de cualquier penalidad subsecuente en espera de algún otro desaguisado venidero.

El triste escarceo partidista, sin embargo, ocurre en un contexto de suma complejidad económica. Los desequilibrios mundiales que ocasionan los fundamentalismos neoliberales ya empezaron a incidir, de nueva cuenta, en la estructura productiva nacional. La caída concomitante en los ingresos fiscales obligará a las partes en pleito a moderar expectativas y exigencias por mayores recursos para 2012. Es necesario advertir que, sumadas, las deudas de los estados del país (más de 300 mil millones de pesos) se emparejan a lo que durante un solo año se destinará al pago de la –también creciente– deuda federal. Y, dentro de esa monumental erogación, lo destinado a pagar a los bancos por los intereses anuales derivados del Fobaproa, aprobado por el señor Calderón, rebasa cantidades similares a los 30 mil millones del coahuilense en entredicho.

Tales para cuales, ni a cual ir. Estos cálculos y comparaciones no implican que el uso y desuso para fines electoreros de los haberes públicos vayan a cesar, incluso a atemperarse siquiera. El Ejecutivo federal cuenta con numerosos mecanismos para usar, en auxilio de su partido y candidatos, el gasto destinado a paliar los terribles efectos de la pobreza existente. Y, los gobernadores priístas (mayoría) utilizarán, también, su extensa batería de artimañas ya bien probadas en el estado de México. Todo este arsenal de unos y otros está diseñado y presto para desviar, para torcer, para hacer nugatoria la vida democrática en México.