reativos como siempre, PRI y PAN encontraron un nuevo filón para extender su telenovela electorera: los dramáticos sucesos del pasado sábado en el estadio Corona de Torreón. Los primeros acusan a los segundos de que el aparato de seguridad del Estado se mostró ineficaz a plenitud, por no impedir que la balacera se registrara en las faldas del campo futbolero, pletórico de civiles indefensos. A su vez, los blanquiazules imputan a los tricolores el desvío de recursos federales destinados a la seguridad de la entidad, casualmente no hace mucho gobernada por el actual dirigente tricolor, Humberto Moreira (objetivo real de los panistas).

Primero fue el anuncio priísta de reformar la Ley de Coordinación Fiscal, para que los estados de la República (léase los gobernados por el PRI) cuenten con abundantes recursos en pleno año electoral. El capítulo siguiente, consecuencia del anterior, fue la sorpresa que se llevaron los panistas (léase los que apoyan a Ernesto Cordero) al enterarse de la abultada deuda de los estados (así, en genérico), aunque los blanquiazules sólo fijaron sus ojos en las cuentas de Coahuila (concretamente las correspondientes a Moreira durante su periodo de gobierno), olvidando el voluminoso endeudamiento federal. Momentáneamente agotados los temas explotables, la telenovela electorera “ambos somos pecadores” recibió un regalo del Altísimo que permitió a ambas empresas políticas mantener la producción mediática, aunque el último capítulo se transmitirá el primer domingo de 2012.

Los participantes en este culebrón se echan la bolita: con sangre en la lengua, los panistas hablan maravillas del aparato de seguridad federal y sus excelentes resultados en contra del crimen organizado, reniegan de las contrapartes estatales y municipales, truenan contra los priístas por el desvío de recursos y culpan a gobiernos anteriores de la crítica situación de violencia que vive la nación. A su vez, los tricolores –como tantos otros– responsabilizan a la autoridad federal del río de sangre que baña al país, de la corrupción imperante entre las agencias de seguridad del Estado, del indiscriminado uso del presupuesto para la guerra sin fin y de la ostentosa carencia de resultados en 57 meses de inquilinaje calderonista en Los Pinos.

El calderonato ha consumido, oficial y directamente, alrededor de 500 mil millones de pesos en eso que llama lucha (antes guerra) contra el crimen organizado. Una espectacular catarata de recursos, que se contrasta con las migajas que la benevolente federación canaliza a los gobiernos estatales para el mismo fin. Más allá de la tradicional corrupción, incumplimiento, desvío de recursos, excesos por aquí y por allá, ineficiencia y demás gracias implícitas en el ejercicio del poder en los estados de la República (norma que, obviamente, aplica al gobierno federal), ¿cuánto dinero le envía la federación a los 31 estados y el Distrito Federal para combatir a los malosos?

De acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda, en el primer semestre de 2011 los 31 estados de la República más el Distrito Federal recibieron 4 mil 274.6 millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), monto 0.4 por ciento inferior, en términos reales, al que tales entidades obtuvieron en igual periodo de 2010. Es muy poco para atender un problema de tal envergadura, y además reporta reducción. En ese lapso, en promedio, a cada una de ellas le correspondió poco más de 22 millones de pesos mensuales para atender cuestiones de seguridad pública, cantidad que el inquilino de Los Pinos se gasta en un par de días, cuando mucho (también como promedio), en propaganda (19 mil millones de pesos de 2007 a 2010).

Por ejemplo, lo que gastó (118 millones de pesos, oficialmente, por 13 capítulos, con el sello de la fábrica de sueños) la Secretaría de Seguridad Pública Federal (léase García Luna Productions) en su espléndida cuan taquillera telenovela El equipo, equivale prácticamente a lo que el estado de Coahuila recibió en los primeros seis meses de 2011 (121.4 millones) por conducto del FASP. Entonces, ¿es mucho lo que recibió Coahuila, o es poco lo que obtuvo García Luna Productions? (desde luego que los panistas no han dicho ni pío por el vergonzoso culebrón de García Luna). Los blanquiazules dirán que Moreira, en tiempos de gobernador, desvío recursos federales, etiquetados para otros menesteres y tienen razón. Pero García Luna también desvió recursos federales, y no han dicho nada.

Pero no sólo García Luna. Está el caso del góber piadoso (con dinero ajeno, desde luego), Emilio González Márquez, quien en 2008 hizo pública su decisión de donar 90 millones de pesos para la construcción del Santuario de los Mártires y 30 millones adicionales para mejorar la Ruta del Peregrino, cifra esta última que creció a 60 millones de pesos en 2009 y que repitió en 2010. En total 240 millones de pesos para algo totalmente ajeno al presupuesto público. ¿Cuánto recibió el gobierno de Jalisco, vía FASP, en el primer semestre de 2011?: 191.5 millones, monto 20 por ciento inferior a lo que alegremente el santo gobernador desvió a obras pías y, de paso, anticonstitucionales. ¿Los panistas no se dieron cuenta de este desvío? Todo indica que no, porque nunca se quejaron, y eso que la información se publicó en todos los medios.

De acuerdo con la legislación vigente, las aportaciones federales con cargo al FASP se destinarán exclusivamente a: la depuración de los recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública; al otorgamiento de percepciones extraordinarias para personal de adscrito en Seguridad Pública; la operación de la red nacional de telecomunicaciones e informática; el servicio telefónico nacional de emergencia; la construcción, mejoramiento o ampliación de las instalaciones para la procuración e impartición de justicia, de los centros de readaptación social y de menores infractores; así como de las instalaciones de los cuerpos de seguridad pública y sus centros de capacitación, al seguimiento y evaluación de los programas señalados.

Los gritos y sombrerazos entre panistas y priístas valdrían si su intención real fuera corregir el desmadre y la opacidad de los gobernadores, y de paso el del inquilino de Los Pinos. Pero no se alegren: simplemente es una telenovela electorera.

Las rebanadas del pastel

Muestra de lo bien que se ejerce el gasto público en el país en el primer semestre de 2011, vía FASP: Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León y Michoacán, cuatro de los estados con mayores índices de violencia en la República, obtuvieron recursos equivalentes a la mitad de lo que costaría el Arco del Bicentenario (Estela de Luz).

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