La ciudadanía considera que la situación que hoy se enfrenta en México empeorará el próximo año, revela la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

El estudio –aplicado en mayo de este año a 2 mil 208 personas mayores de 15 años– indica que los encuestados calificaron la actual situación del país como muy negativa; 70 por ciento consideró que en relación con 2010 ésta empeoró o sigue mal y más de la mitad tiene perspectivas pesimistas para 2012.

Tras los resultados, los universitarios concluyeron que corrupción, impunidad e intereses extralegales impiden que la justicia funcione en México, además de que los tipos de relaciones establecidas desde hace tiempo entre el ciudadano y los gobernantes impiden el cumplimiento y respeto de las leyes, lo que ha implicado el deterioro de las instituciones y su legitimidad, cuya restauración requiere un rediseño del Estado.

La encuesta, dirigida por el director del IIJ, Héctor Fix-Fierro, asienta que son las universidades públicas del país las instituciones que más confianza generan entre los ciudadanos; en una escala de cero a diez, éstas obtuvieron el promedio más alto: 7.1.

Los maestros ocupan el segundo lugar en el nivel de confianza con 7 puntos, seguidos por el Ejército con 6.8, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y los medios de comunicación con 6.7, mientras que los diputados, los partidos políticos y la policía se situaron en los últimos sitios de esta escala con un puntaje de 5.6, 5.5 y 5.4 puntos, respectivamente.

Asimismo, 60 por ciento de los encuestados en este estudio –que tiene un nivel de confianza de 95 por ciento– manifestaron que los gobernadores y los presidentes municipales hacen poco caso al ciudadano y poco más de la mitad cree que los jueces y magistrados incurren en la misma falta; en lo que toca al Presidente de la República y los legisladores, esta proporción es menor a 50 por ciento.

Para obtener los resultados de la investigación se dividió el país en cuatro regiones y el cuestionario se aplicó vivienda por vivienda. En su realización participaron reconocidos investigadores del IIJ, como Diego Valadés, Sergio López Ayllón y Julia Flores, quien coordinó el análisis.

En lo referente a la seguridad pública, uno de cada tres entrevistados manifestó temer al robo con violencia, a 27. 2 por ciento le preocupa ser víctima del narcotráfico y dos de cada diez expresaron su miedo al abuso de las fuerzas de seguridad pública.

Cerca de siete de cada diez entrevistados señalaron que en ocasiones no están dispuestos a apoyar las políticas del gobierno contra la inseguridad y 75.7 por ciento consideró que debería transparentarse la información relacionada con la lucha contra el narcotráfico. Nueve de cada diez rechazaron ser investigados sin orden judicial.

Los encuestados afirmaron que la justicia en México no funciona adecuadamente por la corrupción, la impunidad y la presencia de intereses extralegales; 47.7 por ciento señaló que su funcionamiento no es el idóneo y 22 por ciento ubicó en la corrupción el problema principal en la impartición de justicia. Casi seis de cada diez (55.8 por ciento) señalaron que los derechos humanos se respetan poco o nada en el país y la mitad valoró el amparo como medida de defensa legal poco efectiva frente al gobierno.

Esta segunda encuesta replica los resultados obtenidos en el primer ejercicio elaborado por los universitarios en 2003, donde la opinión ciudadana tenía como referente el incremento de crímenes como robo y secuestro, en tanto que en el estudio actual este rubro fue ocupado por la violencia generalizada y la delincuencia.

Otros resultados muestran que 70 por ciento de los entrevistados aprobarían la convocatoria de un congreso para elaborar una nueva Constitución. Además, seis de cada diez encuestados están de acuerdo con la revocación del mandato presidencial, en caso de que el Ejecutivo infringiera la Carta Magna, y más de la mitad rechazó la posibilidad de relegir al Presidente de la República, diputados, senadores, gobernadores o presidentes municipales.

Finalmente, 60 por ciento expresó estar en desacuerdo o muy en desacuerdo con que los ministros religiosos opinen sobre política durante sus servicios y se opuso a la enseñanza de religión en escuelas públicas.