as reformas al artículo 27 constitucional, abrieron la puerta para el despojo a las comunidades rurales e indígenas del país. Los territorios de los pueblos de los indígenas yumanos en la Baja California no fueron la excepción.

Como parte de las demandas planteadas por los pueblos originarios de Baja California en el primer Foro Sobre Tierras y Territorios de los Pueblos Indígenas de Baja California, realizado entre el Colectivo para la Promoción del Desarrollo Integral, AC, (Coprodi) el 13 de enero de este año y el compromiso por parte de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), se instalo el 11 de julio la Mesa Técnica Agraria bajo la coordinación de la Subsecretaria de Ordenamiento de la Propiedad Rural y la participación del sector agrario de la entidad. En esta mesa técnica están representadas las comunidades indígenas del pueblo kumiai, San José de la Zorra, Cañón de los Encinos San Antonio Necua, del municipio de Ensenada, y Peña Blanca, de Tecate. Los pai pai, de Misión de Santa Catarina y San Isidoro, los kiliwas, del municipio de Ensenada, y los cucapa, del municipio de Mexicali.

Los temas de la agenda en la Mesa Agraria van desde resoluciones presidenciales parcialmente ejecutadas, reconocimiento de la posesión de las tierras, conflictos de linderos e invasiones por particulares. Los problemas datan desde hace mas de 50 años y particularmente en el caso de San José de la Zorra, a pesar de contar con documentos que reconocen la posesión de sus tierras del siglo XIX hasta la fecha, no ha sido certificado por la autoridad agraria.

El contexto en el que se están realizando los trabajos contiene varios problemas de fondo a resolver. El primero de ellos es que la Ley Agraria vigente, reformada en 1992, no toma en cuenta el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) firmado por nuestro país en 1991, en donde se abordan aspectos como reconocimiento de la presencia de los pueblos originarios, autonomía, autodeterminación, participación y, particularmente, los temas de tierras y territorios y recursos naturales. Un segundo aspecto, vinculado al primero, es que la reforma planteada a esta ley agraria abre las puertas para la privatización de la propiedad social y la presencia de grandes capitales encabezados por diversos consorcios extranjeros para el aprovechamiento de sus recursos naturales, por mencionar algunos estratégicos está la minería y la energética.

Durante la gestión de los pueblos originarios por la regularización de los conflictos agrarios y la falta de respuesta a sus demandas por parte del Ejecutivo federal, han propiciado la descomposición de algunas comunidades indígenas y que interpretados bajo la óptica de la ley agraria difícilmente se lograra una solución que restituya el derecho de estos pueblos a mantener sus tierras y territorios. Tal es el caso, de los pueblos pai pai, de San Isidoro, y de los kiliwas, que se localizan en el Valle de la Trinidad, del municipio de Ensenada.

Ambas comunidades se destacan entre las demás por altos niveles de marginación y de exclusión permanente de los programas sociales, la pérdida de la lengua materna, la falta de servicios educativos, de viviendas precarias y sin servicios de agua potable, por mencionar algunos. Pero también destacan sobre las demás por la presencia de nuevos propietarios no indígenas en los padrones agrarios.

Ante los altos niveles de pobreza y la ausencia de información del nuevo contexto legal sobre el ejercicio de sus derechos indígenas, muchos de ellos, se han visto en la necesidad de vender sus derechos agrarios. Hoy, en el caso del ejido de San Isidoro, con más de 25 mil hectáreas y un padrón de 35 ejidatarios, sólo ocho son indígenas, aunque el comisariado sigue en manos de los pai pai. En el caso del ejido Tribu Kiliwas, con cerca de 28 mil hectáreas y un padrón de 56 ejidatarios, 45 por ciento de estos no son indígenas y el comisariado se encuentra en manos de éstos.

El perfil de estos nuevos ejidatarios en tierras indígenas va desde ex funcionarios del campo y rancheros que no pertenecen a la región y que su presencia obedece a las subastas que se realizan entre diversos inversionistas que quieren sentar sus reales en los territorios indígenas. Y aquí llama la atención lo recientemente ocurrido en la última asamblea del ejido del pueblo kiliwa, en donde la autoridad agraria y el comisariado no indígena informaron sobre un certificado agrario que se entregó a uno de los representantes de Fuerza Eólica de San Matías, SA de CV, empresa que firmó en 1994 un convenio con la comunidad para la instalación de ocho autogeneradores con una capacidad de 2.5 mgw y cuyo contenido es desconocido por los propios indígenas. La descomposición de estas comunidades va más allá al insistir los neo ejidatarios en terminar con las áreas colectivas y parcelar el ejido, para conseguir sus propósitos privatizadores.

Es importante, en este sentido, que en este ejercicio de regularización de la propiedad indígena no sólo se haga un esfuerzo por garantizar una política con interculturalidad en donde el Estado evite la exterminación de estos grupos. El tema de la territorialidad difícilmente será entendido por parte de los funcionarios agrarios si no aceptan que el concepto de tierras y de territorios implica una relación especial de los pueblos indígenas con su espacio, que es donde vivieron sus ancestros y donde desarrollan su historia, sus conocimientos, practicas de sustento y creencias.