La venta de bebidas adulteradas en la ciudad de México ha ocasionado el cierre de numerosos establecimientos mercantiles, afectaciones a la salud de miles de jóvenes –sector fundamentalmente dañado por ese acto ilícito– y la merma de los ingresos de las arcas públicas locales, coincidieron autoridades, diputados y empresarios del sector vitivinícola, en un foro organizado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

En ese encuentro, el diputado local Leobardo Urbina, quien presentó en días recientes una iniciativa para tipificar esa conducta como delito, expresó que en esta capital existen aproximadamente 2 mil 200 antros que venden licor adulterado, mismos que se han coludido con grupos dedicados al reciclaje de botellas vacías, falsificación de etiquetas, marbetes y sellos de autenticidad, sin que las autoridades federales y locales actúen pronta y contundentemente.

Para el fiscal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Samuel Ibarra, el marco legal que se tiene en esta capital para enfrentar delitos de ese tipo es limitado.

Programa Mala copa

No obstante, añadió que se han puesto en marcha acciones como el programa Mala copa, mediante el cual se logró confiscar en los últimos 16 meses más de 8 mil botellas de alcohol adulterado.

También se logró la detención de 11 personas, tres de las cuales fueron consignadas, aunque por delitos distintos como el de corrupción de menores.

Cristóbal Mariscal y Enrique Guerrero, representantes del sector empresarial del ramo comercial y vitivinícola, expresaron que muchos negocios dedicados a la venta de alcohol han cerrado sus puertas ante la competencia desleal que representa el comercio informal en este rubro; incluso comentaron que se han frenado inversiones ante esa falta de garantías para realizar esa actividad de manera formal y legal