Ciudad Juárez, Chih., 31 de agosto. Luego de demostrar que su vida corre peligro en México, Alejandro Hernández Pacheco, ex camarógrafo de Televisa Torreón, recibió asilo de manera oficial, otorgado por autoridades migratorias de Estados Unidos en El Paso, Texas.

Hernández fue amenazado de muerte por grupos del crimen organizado y es el quinto comunicador mexicano que recibe ese estatus.

Se suma al reportero Horacio Nájera, que pidió asilo en Canadá; Rosa Isela Pérez, de El Norte de Juárez, y su esposo, en España, y José Luis Aguirre, editor de un portal de Internet, también en Estados Unidos.

Este último recibió amenazas de muerte en el funeral de Armando Rodríguez, reportero policiaco de El Diario, asesinado hace casi tres años.

El abogado especializado en asuntos migratorios Carlos Spector fue el encargado de realizar los trámites y aún tiene pendientes tres casos de comunicadores.

En 2010 Hernández Pacheco solicitó asilo político después de ser privado de la libertad por el cártel de Sinaloa en Torreón, junto con otros compañeros.

El antiguo camarógrafo y otro reportero fueron levantados y despojados de su vehículo con violencia. Fueron amarrados de manos y pies y llevados a una casa de seguridad, donde ya se encontraban cautivos dos periodistas más.

Los captores amagaron con matarlos si se negaban a comunicarse con sus jefes, además de exigirles la transmisión de videos donde amenazaban a Los Zetas.

Spector consideró que el gobierno actuó en forma imprudente al exhibir a Hernández y otros periodistas como testigos contra el cártel de Sinaloa, ya que con eso pusieron su vida en peligro.

Hernández entró en Estados Unidos con visa de turista. Posteriormente su familia se reunió con él y, ya en la nación vecina, solicitó asilo político. Hace dos meses obtuvo autorización para trabajar.

Otros periodistas cuya solicitud de asilo no ha sido resuelta son Emilio Gutiérrez, de El Diario; Martín López, del canal 44 de la televisión local, y Ricardo Chávez Aldana, de Radio Cañón. El abogado pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revisar los casos, pues el gobierno de México es incapaz de proteger a los comunicadores amenazados.