la hora de teclear la presente columna no era del conocimiento público algún indicio firme sobre los motivos por los que habrían sido asesinadas dos periodistas en la capital del país. Marcela Yarce fue fundadora y reportera de la revista Contralínea, que ha aportado piezas importantes de la denuncia de las pillerías nacionales desde los poderes gobernantes, y hasta este miércoles era la responsable de las relaciones públicas de la misma revista. Rocío González Trápaga había sido reportera de noticiarios de Televisa y luego había trabajado de manera independiente.

En el contexto de las constantes agresiones contra el gremio periodístico, las noticias fúnebres de ayer produjeron una viva indignación en el abanico informativo, sabedores todos de que la violencia creciente está alcanzando cada vez más a este segmento profesional donde se multiplican las historias no publicadas de los horrores que se viven sobre todo fuera de la capital del país a causa de ese poder desbordado, tiránico, inabordable, que decide en redacciones de todo nivel y formato la manera como deben abordarse los temas del día relacionados con lo innombrable, a veces callando o adulterando lo que se sabe y sujetándose a lo que el boletín oficial libere, restringiendo o extinguiendo imágenes a gusto del susurro o el grito amenazantes, acomodando el manejo editorial a la línea trazada por los señores de la muerte victoriosa.

A reserva de conocer los detalles de estos dos crímenes, y del grado de vinculación que lleguen a tener con el ejercicio periodístico en sí, resultaría altamente ennoblecedor para el oficio periodístico que el enojo y la protesta mostrados al saberse que dos reporteras habían sido asesinadas se sostengan más allá de consideraciones gremiales. Lo sucedido es altamente condenable no sólo porque se trate de dos personas de largo ejercicio en los medios de comunicación, sino simple y sencillamente porque forma parte del panorama cotidiano de horror, sin sentido y sin castigo, que vive México entero. Brutal fue el asesinato de Yarce y Rodríguez Trápaga, según lo ha dicho Miguel Badillo, director de Contralínea. Y esa brutalidad, esos asesinatos contra hombres y mujeres, esa descomposición nacional galopante, es lo que se debe denunciar y combatir, sostenidamente.

La Procuraduría General de Justicia capitalina ha sido eficaz en otros casos relevantes, de tal manera que es de esperarse que con prontitud y credibilidad se vaya esclareciendo lo relacionado con los dos asesinatos de ayer que, sin duda, añaden elementos de preocupación a los habitantes de la ciudad de México, que ven llegar a sus puertas el catálogo de violencia y horror que en el resto del país son cotidianos.

Por otra parte, el periodista sinaloense Luis Enrique Ramírez ha optado por dejar su tierra y acogerse a la protección de Artículo 19, organismo defensor de las libertades de expresión e información. Ramírez fue amigo y compañero de trabajos periodísticos de Humberto Millán, quien recientemente fue asesinado en aquella entidad. No hay amenaza de muerte contra el periodista que ha optado por una forma de exilio aunque, explica, tampoco la había contra Millán. Entrevistado por Luis Cárdenas, en MVS de Culiacán (j.mp/pKZU1a), el periodista Ramírez considera que en los pocos meses de gobierno que lleva el aliancista Mario López Valdés (Malova) se ha enrarecido tanto el ambiente en los medios de comunicación locales que hoy no tan sólo existe el sabido veto al tratamiento de temas relacionados con el narcotráfico sino, ahora, tampoco se puede informar y hacer crítica y análisis de temas políticos: son apenas siete meses de la nueva administración y ya se vive una situación inédita, pues se corre riesgo inminente para quienes incomodan a los políticos, explicó quien ha debido dejar su casa y forma de vida para tratar de salvarse. El entrevistador, Cárdenas, mencionó que en ciertos casos se usa el pretexto del narcotráfico para tratar de acallar el ejercicio periodístico en materia política.

Sobre el tema ha de decirse que el gobernador Malova ha resultado un trágico fiasco en Sinaloa, donde la descomposición se ha acelerado en poco tiempo. Como si estuviese cargado abiertamente a uno de los bandos en pugna en aquella entidad clave, el gobierno estatal ha generado condiciones para que se incremente sustancialmente la violencia, reaccionando además con sentido combatiente contra toda crítica o señalamiento que apunte a las nuevas relaciones de poderes dominantes (es decir, el gobierno formal y el gobierno de facto). López Valdés llegó al poder en uno de esos malabarismos trágicos de la izquierda oportunista, que junto al PAN recogió a un priísta de toda la vida para habilitarlo como opositor al gobierno tricolor en turno, encabezado por Jesús Aguilar.

Astillas

Un lector sonorense reporta que ayer la comunidad yaqui bloqueó parcialmente la carretera internacional que pasa por enmedio de sus tierras. La medida se realizó para presionar al gobernador Padrés, que se ha negado a detener la obra del acueducto Independencia a pesar de varias órdenes judiciales expedidas por jueces federales recaídas sobre solicitudes de amparo y sobre el juicio de restitución de aguas que han promovido los yaquis. Por mucho menos fue desaforado Andrés Manual López Obrador. Padrés se negó a instalar una desaladora de agua que hubiese aportado más líquido al estado de Sonora y con menor costo. En su lugar prefirió construir una obra cuya licitación $$$$ fue objetada en amparo y concedida la suspensión provisional que el gobernador panista se negó a obedecer. Varias empresas trasnacionales se han instalado en Hermosillo (Heineken, por ejemplo) y el gobernador prefiere sacar agua de los almacenamientos que hay sobre el río Yaqui para negocio, exponiendo los caudales de agua que corresponden a los indígenas... Ah, por cierto, ayer el comandante Calderón presentó su quinto parte de guerra y desastre nacionales. Y, mientras el presidente de Femsa dice que no estamos peor porque los narcos no quieren, ¿feliz fin de semana?

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