La reforma constitucional del sistema de justicia penal en el Distrito Federal está pensada no para meter personas en la cárcel, sino para sacarlas de ahí, ya que el hecho de que haya más gente en prisión no implica menos delitos afuera. Por el contrario, implica más delito desde dentro de las mismas, aseguró Luis González Placencia, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en la primera mesa de las jornadas de análisis y discusión para la puesta en marcha de dicha reforma.

El ombudsman capitalino expuso tres elementos para entender el alcance de dicha modificación: la dignidad de la persona, respaldada por la actitud liberal que está detrás de la reforma, la cual evita caer en el fundamentalismo penal. Esta visión, que ve en el delito una especie de pecado, que atenta contra la autoridad, sólo por el hecho de haber sido cometido, que ve en el delito una actitud que confronta a la autoridad y por lo tanto debe ser castigada.

Un segundo elemento, agregó González Placencia, es dejar de lado la visión punitiva de la justicia para adoptar una visión restaurativa, la cual tiene un contexto más amplio de acción de naturaleza social. Lo que pretende esta visión restaurativa es restañar aquello lazos, aquellas redes que se rompieron con la comisión del delito, en principio, entre la persona que cometió el delito y su víctima.

Un tercer elemento de la reforma constitucional del sistema de justicia penal en el Distrito Federal, añadió, es la centralidad de los jueces. El juez se convierte en una figura que garantiza democracia, en la medida en que le corresponde efectuar todos los controles necesarios para dar legitimidad al proceso penal, y a la propia pena.