Guadalajara, Jal. Los diputados jaliscienses decidieron lavarse las manos en el tema de los más de 10 millones de pesos que de forma irregular se pagaron al auditor superior del estado, Alonso Godoy Pelayo, y optaron –luego de meses de analizar el caso– por enviarlo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), para que esta dependencia investigue la sustracción de documentos que según los legisladores han impedido fincar cargos a Godoy Pelayo. En sesión extraordinaria, la Comisión de Responsabilidades del Congreso de Jalisco dijo este domingo que no podía fincar responsabilidades a Alonso Godoy ni a quienes autorizaron en la pasada legislatura (2007-2009) que recibiera pagos adicionales a su salario que podrían superar 10 millones de pesos, compensaciones prohibidas por ley.