uerrero es hoy uno de los estados más violentos en el país. Tan sólo en agosto de este año fueron asesinadas 150 personas en la zona costera de Acapulco. Miles de maestros del sistema de educación pública suspendieron labores la semana pasada para protestar contra la extorsión y la inseguridad. Hace un mes hicieron lo mismo empresarios gasolineros del puerto turístico.

Guerrero vive –según Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan– una de las peores etapas de violencia en la historia reciente. La colusión del crimen organizado con las policías y los cacicazgos, así como la militarización de amplias regiones del estado han propiciado una situación de inseguridad y violación a los derechos humanos.

Como ha dejado en claro el paso por aquellas tierras de la Caravana por la Paz, encabezada por Javier Sicilia, la violencia que sacude a la entidad no es sólo producto de la guerra contra el narcotráfico o de las disputas entre bandas criminales. Una parte muy importante de los homicidios y las desapariciones es el saldo verificable de una nueva guerra sucia contra el movimiento popular. Durante el sexenio de Zeferino Torreblanca Galindo, quien llegó a la gubernatura con el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fueron asesinados 32 dirigentes y militantes de ese instituto político, así como decenas de líderes sociales e indígenas y defensores de derechos humanos.

Uno de esos crímenes que sigue sin resolverse es el de Armando Chavarría Barrera, diputado, líder del Congreso de Guerrero, adversario de Zeferino Torreblanca y principal aspirante del PRD a la gubernatura del estado. Su viuda, Martha Obeso, se encontró con el poeta Sicilia en Acapulco el pasado sábado para recordar que la muerte de su marido sigue impune.

Economista, hijo de un hojalatero de Iguala, Armando Chavarría fue asesinado de 10 balazos el 20 de agosto de 2009, al salir de su casa. Iba a bordo de un Volkswagen Bora Sport, gris plata. Su cuerpo fue encontrado 15 minutos después de su muerte, recargado sobre la puerta derecha. El gobernador le había retirado los seis guardaespaldas que originalmente se le asignaron para su seguridad. Según documenta Tomás Tenorio Galindo en el libro Un asesinato político, los encargados de investigar el homicidio permitieron que se alterara la escena del crimen.

El gobierno de Zeferino Torreblanca, aliado de Nueva Izquierda dentro del sol azteca, se caracterizó por una estrecha complicidad con el caciquismo priísta. La procuración de justicia le fue entregada a Eduardo Murueta Urrutia, un personaje de todas las confianzas de Rubén Figueroa. El control de la educación pública fue botín de Elba Esther Gordillo.

Armando Chavarría tuvo fuertes enfrentamientos con Zeferino Torreblanca y el gobernador se dedicó a bloquearlo permanentemente. Chavarría denunció la corrupción existente en la procuraduría de justicia y el clima de impunidad en el estado. Demandó la remoción de funcionarios y encabezó demandas por el esclarecimiento de los crímenes políticos. Él era el candidato a gobernador más viable por el PRD y el que mayores oportunidades de ganar la contienda tenía.

Chavarría fue, al final de su vida, un político absolutamente pragmático. Sus virajes eran constantes y tenían poco que ver con consideraciones programáticas o ideológicas. Cercano a López Obrador se distanció de él. Como secretario de Gobierno justificó la represión a los alumnos de Normal Rural de Ayotzinapa. Se le criticó que fuera dueño de un automóvil Mercedes Benz, en uno de los estados más pobres del país.

El delfín de Zeferino Torreblanca era Armando Ríos Piter, actual coordinador del PRD en San Lázaro y un personaje que ha saltado de puesto en puesto y de partido en partido. Secretario de Desarrollo Rural de Zeferino, Ríos Piter fue asesor del secretario de Hacienda José Ángel Gurría y subsecretario de Reforma Agraria con Vicente Fox. En las elecciones locales de 2009 fue electo diputado por la Costa Grande, sobre la base de una alianza con Rubén Figueroa. El entonces presidente estatal del PRI Marco Antonio Leyva reveló públicamente que Ríos Piter antes de su nominación fue a ver al señor Figueroa, para tocarle la puerta y también para pedirle su apoyo. Según el hoy perredista el encuentro con el cacique fue mera coincidencia.

Eliminado Chavarría, el candidato del PRD a la gubernatura fue el priísta Ángel Aguirre Rivero, jefe del Ejecutivo sustituto de Rubén Figueroa, obligado a renunciar a raíz de la matanza de campesinos en Aguas Blancas. Aguirre triunfó con el apoyo de los cacicazgos locales, muchos pertenecientes al tricolor, con un programa que no era de izquierda en una de las entidades en la que la izquierda tiene más fuerza propia.

Desde que Ángel Aguirre asumió la gubernatura de Guerrero en abril de este año la violencia en la entidad ha escalado. El crimen de Armando Chavarría sigue impune, a pesar de que el difunto era un hombre políticamente poderoso. Lo mismo sucede con el resto de los luchadores sociales en la entidad. El Ejército se despliega en pueblos y comunidades en tareas de contrainsurgencia, librando una nueva guerra sucia y cometiendo todo tipo de violaciones a los derechos humanos, sin que las autoridades locales digan algo.

En el mitin que en Acapulco efectuó la Caravana por la Paz, Marta Obeso, dijo: La justicia no es un asunto de rentabilidad política, es una necesidad para encontrar la paz. Por supuesto, los políticos de los distintos partidos no la escucharon.