Científicos de las universidades Nacional Autónoma de México (UNAM) y Autónoma Metropolitana (UAM), entre ellos Luis Mochán Backal, señalaron que las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar), la Procuraduría General de la República (PGR), y Petróleos Mexicanos (Pemex) utilizan en la lucha contra el crimen organizado detectores remotos de narcóticos, explosivos y armas, que son un fraude y ponen en riesgo la vida de los militares y de los ciudadanos.

Se trata –expusieron los especialistas ante senadores– de los aparatos conocidos como Pistola Molecular GT200 que, según su publicidad, a una distancia de 500 metros es capaz de descubrir de todo: drogas, explosivos, armas y dinero, entre otros, sin embargo, no se dice que esos aparatos no pasaron las pruebas para su utilización en Estados Unidos, Reino Unido y Tailandia.

No obstante ello, destacaron, en México las dependencias dedicadas a combatir el crimen organizado han adquirido 940 rastreadores con un costo total de 342 millones 891 mil 751 pesos, pese a que el Reino Unido envió al gobierno mexicano una carta en la que le advirtió que estos aparatos no tenían éxito y que incluso en Gran Bretaña se prohibió su importación.

Informaron que la Sedena ha adquirido 742 rastreadores a un costo total de 272 millones 190 mil 286 pesos; la Semar, 102,  por 29 millones 247 mil 480; Pemex, 54, y pagó 18 millones 232 mil 936; PGR, 7, con un desembolso de un millón 950 mil 838 pesos. Se han comprado en total 940 rastreadores y se ha pagado 343 millones 891 mil 751 pesos por ellos, pero su producción cuesta unos 100 pesos.

A la reunión asistieron los científicos Arturo Alejandro Menchaca Rocha, Alejandro Ramírez, Alejandro Frank Hoeflich –quien pertenece al Consejo Consultivo de Ciencias, de la Presidencia de la República– y Francisco José Sánchez, entre otros especialistas.

Frank Hoeflich dijo que pese a que instituciones científicas internacionales y gobiernos extranjeros cuestionan al GP200, la Sedena se ha negado a que hagamos una prueba científica para verificar su funcionamiento. Nos ha argumentado que está imposibilitada para realizar esas pruebas, porque lo prohíbe el contrato firmado con la empresa Global Technical, con sede en Londres.

Agregó que esta comunidad científica no está afirmando que hay mala fe detrás de estas compras, lo que señalamos es que no  están aprovechando al cuerpo científico para apoyar sus decisiones. Más allá del gasto, que es muy importante, está el peligro que corre la vida de los ciudadanos y los miembros de las fuerzas armadas.

Precisó: Quisiera mandar un mensaje a las fuerzas armadas que estén conscientes de que no pretendemos cuestionar la moral castrense, sino apoyarlos para que tomen decisiones correctas.

También mostró una radiografía del GT200, donde se aprecia que su interior está vacío, no cuenta con ningún dispositivo, sólo se mueve de acuerdo con los deseos, conscientes o no, del operador. La ciencia no puede comprender de qué manera funcionan; entendemos por qué no funcionan: no son detectores.

Insistió finalmente en que la comunidad científica realice, diseñe, implemente, evalúe y valide pruebas controladas del mencionado instrumento.