A dos años de haber salido de la cárcel, donde permaneció de forma injusta de 2006 a 2009 acusada por el secuestro de un grupo de agentes federales, la indígena ñañú Jacinta Francisco Marcial aún no ha sido exculpada públicamente por la Procuraduría General de la República (PGR) y no se ha realizado ninguna investigación sobre el proceso judicial viciado que la llevó a prisión.

Tal fue la denuncia que realizó Leopoldo Maldonado, integrante del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien recordó que otras dos víctimas del mismo caso de fabricación de culpables, Alberta Alcántara y Teresa González, tampoco han sido declaradas oficialmente inocentes, pese a que nunca se les comprobó su participación en delito alguno.

Como se informó en su momento en estas páginas, las tres mujeres fueron detenidas de forma arbitraria el 3 de agosto de 2006, acusadas por el secuestro de seis efectivos de la extinta Agencia Federal de Investigación (AFI), supuestamente ocurrido el 26 de marzo de ese mismo año en el tianguis de Santiago Mexquititlán, municipio de Amealco de Bonfil, Querétaro.

Pese a enfrentar un proceso judicial lleno de irregularidades, Jacinta Francisco fue condenada en diciembre de 2008 a 21 años de prisión –misma sentencia que recibieron un mes después Alcántara y González–, pero ante la falta de solidez de las pruebas en su contra, las autoridades se vieron obligadas a retirar los cargos y un juez decretó su liberación el 15 de septiembre de 2009.

Un año después, con la asesoría legal del Centro Pro, la indígena promovió una queja contra la PGR por los daños provocados en su encarcelamiento injustificado de tres años y un mes, pero no fue sino hasta el 21 de febrero de 2011 que la dependencia admitió el reclamo, aunque hasta el momento no ha dado respuesta oficial al mismo.

Este hecho, lamentó Maldonado, demuestra la exclusión estructural a la que se ven expuestos los indígenas frente a las instituciones de procuración de justicia, que se agudiza aun más si se trata de mujeres y pobres. Lo único que hicieron fue admitir el caso y darle un número de expediente, pero lo que nosotros pedimos es solución inmediata para las justas demandas de Jacinta.

Aunque la organización de derechos humanos exigió un proceso de reparación integral del daño, que exculpe a la indígena, castigue a los responsables de los abusos contra ella y garantice la no repetición de lo ocurrido, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado se limita a definir una indemnización económica, que hasta el momento tampoco ha llegado.