La discriminación a las adultas mayores es una suma de la marginación por género y por edad, y tiene implicaciones y efectos concretos en la vida de las personas, por lo que es necesario crear estrategias que compensen las oportunidades que se les niega, coincidieron representantes de orga- nismos con programas para ese sector de la población.

Directivos de los institutos nacionales de la Mujer (Inmujeres) y de las Personas Adultas Mayores (Inapam), y del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, participaron en la presentación de la recomendación general número 27 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw, por sus siglas en inglés), la cual se refiere a las adultas mayores y la protección de sus derechos humanos.

Mónica Orozco, directora de evaluación y estadística del Inmujeres, refirió que cerca de 27 por ciento de las adultas mayores han sufrido algún tipo de violencia dentro de sus hogares, y sólo una de cada 10 recibe ingresos por jubilación o pensión, mientras 24 por ciento de los varones goza de ellos.

Además, una de cada cinco integrantes de ese sector forma parte de la población económicamente activa; en el caso de los varones, poco más de 50 por ciento de los mayores de 60 años laboran.

También apuntó que 50 por ciento de los hogares unipersonales corresponden a las mujeres mayores de 60 años, contra 32 por ciento de varones que viven solos. Ello –dijo– se explica porque se ha asignado a las mujeres el rol de cuidadoras –de maridos, hijos, hermanos, padres–, como si ellas requirieran menos cuidados.

Lo anterior, aunado al inminente envejecimiento de la población –cada día 800 personas cumplen 60 años en el país–, obliga al Estado a generar políticas específicas en las instituciones que atienden a ese sector.

Alejandro Orozco, titular del Inapam, señaló que México se encuentra ante un proceso de envejecimiento inédito, toda vez que se prevé que para 2030 la población de adultos mayores se duplique, y ello impactará de manera particular a las mujeres.

El principal problema de las personas mayores radica en la discriminación por su edad, que para el caso del sector femenino puede sumarse a otra serie de elementos que promueven su marginación, lo que dificulta el reconocimiento y goce, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, expresó.

María Elena Álvarez, secretaria ejecutiva del Inmujeres, comentó que reconocer los efectos diferenciales del envejecimiento en las mujeres y los hombres es esencial para lograr la plena igualdad entre ambos.

La recomendación general 27, aprobada en diciembre pasado por el Cedaw, alerta que la discriminación que sufren las mujeres de edad con frecuencia es multidimensional, al sumarse a la que padecen por razón de género, origen étnico, discapacidad, grado de pobreza, orientación sexual e identidad de género, condición de migrante, estado civil y familiar, alfabetismo y otras circunstancias.