Nueva York, 20 de septiembre. Troy Davis ha sido condenado a morir este miércoles a pesar de que el ex jefe de la FBI William Sessions, el ex presidente Jimmy Carter, el arzobispo Desmond Tutu y más de 600 mil personas en el mundo han declarado que será una injusticia si el estado de Georgia ejecuta a este hombre negro.

Luego de que la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado de Georgia –tal vez la última instancia que podría suspender la ejecución– rechazó la petición de conmutación, la cita de Davis con la muerte por inyección letal está programada para este miércoles a las 19 horas en una prisión cerca de la ciudad de Jackson.

Aunque sus abogados y otros no descartan que el fiscal del estado o la Suprema Corte o hasta el presidente Barack Obama intercedan a última hora para postergar (no pueden conmutar la condena) la ejecución, los expertos creen que hay pocas posibilidades. De hecho, esta es la cuarta ocasión que Davis ha tenido una cita con la muerte después de ser condenado a la pena máxima en un juicio en 1991 por el homicidio del policía Mark MacPhail ocurrido en Savannah en 1989.

Desde entonces, siete de los nueve testigos en su juicio han desmentido las declaraciones que lo inculparon. Cinco de ellos han declarado que fueron presionados por la policía para testificar en contra de Davis. Tres personas dicen que otro hombre les confesó ser el responsable. Varios integrantes del jurado que lo condenó, actualmente dicen que, con lo que saben ahora, no hubieran llegado a la misma conclusión y hasta acudieron ante el comité de indultos a favor de la clemencia. No hay pruebas físicas de la participación de Davis en el crimen y jamás se encontró el arma homicida. Por ello una amplia gama de figuras y organizaciones han argumentado que hay demasiadas dudas en este caso como para aplicar una pena irreversible.

De hecho, es notable que no sólo agrupaciones internacionales y nacionales como Amnistía Internacional, el NAACP y también el papa Benedicto XVI que se oponen a la pena de muerte hayan pedido clemencia, sino que algunas figuras favorables a la pena de muerte, incluido Mark White, ex gobernador de Texas que ejecutó a 19 presos durante su gestión, el ex director Sessions y un prominente ex legislador federal republicano Bob Barr han expresado su oposición a esta ejecución.

Troy Davis, en imagen proporcionada por el Departamento Penitenciario de GeorgiaFoto Reuters

Incluso algunos fiscales junto a decenas de legisladores federales han instado, primero a la Suprema Corte, y ahora a la Junta de Perdones, a detener la ejecución y conmutar la sentencia de Davis. Se han realizado protestas en varias partes de Estados Unidos y en otras partes del mundo para detener lo que el condenado y algunos de sus defensores dicen podría ser la ejecución de un hombre inocente.

Davis siempre ha mantenido su inocencia. Hoy, después de conocer la decisión que parece acabará con su vida, recibió la visita de familiares y amigos, y le comentó a Wende Gozan Brown, de Amnistía Internacional, una de sus visitantes, que no parará de luchar hasta su último respiro y dijo que Georgia estaba a punto de quitarle la vida a un hombre inocente, reportó el Washington Post.

El reverendo Jesse Jackson dijo que todo esto ocurre en un clima ominoso, donde se le aplaude al gobernador de Texas, Rick Perry, precandidato presidencial republicano, por haber llevado a cabo 232 ejecuciones en su estado. De muchas maneras, el carácter de Estados Unidos está en juicio en este caso, dijo en entrevista con Democracy Now.

Larry Cox, director de Amnistía Internacional Estados Unidos, afirmó que la decisión de la junta de indultos fue sin escrúpulo y agregó que si Davis es ejecutado Georgia podría bien haber matado a un hombre inocente y con ello desacreditará el sistema de justicia.

En Estados Unidos se han realizado mil 267 ejecuciones desde 1973 (cuando la Suprema Corte reinstaló la pena capital) y hoy viven 3 mil 251 en la fila de la muerte (42 por ciento son afroestadunidenses, 44 por ciento blancos). Texas y Virginia encabezan la lista de los estados con más ejecuciones. En 2010 hubo 112 ejecuciones y 35 en lo que va de 2011, según el Death Penalty Information Center en Washington. Más de 130 reos en la fila de la muerte han sido liberados desde 1973 al presentarse pruebas que anulaban su condena, informa Amnistía Internacional.