Once años después de que los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera fueran torturados por elementos del Ejército y obligados a declararse culpables de un crimen que no cometieron, el caso por fin fue enviado a la justicia civil, como ordenó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Así lo destacó Jacqueline Sáenz, coordinadora del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quien pese a valorar este avance legal llamó a no perder de vista que todos los abusos cometidos por las fuerzas armadas deben ser analizados fuera de las cortes militares.

Consideramos que, en materia de justicia, es un primer paso importante para Rodolfo y Teodoro, pero no hay que perder de vista el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que todos los casos en que los soldados hayan cometido violaciones a derechos humanos deben ir a la justicia civil, indicó la abogada.

De igual manera, dijo, el Estado mexicano no puede ignorar los resultados de la investigación de la CIDH, que pese a no haber señalado responsables por el acto de tortura contra los campesinos sí puntualiza que éste fue llevado a cabo por elementos del Ejército, lo cual obliga a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a brindar una respuesta clara al respecto.

El envío del caso a la Procuraduría General de la República (PGR) pone de relieve la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar. Es un paso pendiente para ambas cámaras, porque hace un año el presidente Felipe Calderón presentó una propuesta al respecto, aunque sea insuficiente e incluso en sentido contrario a lo dispuesto por la CIDH.

Sáenz afirmó que una vez en manos de la justicia civil, las investigaciones deben ser diligentes, tomar en cuenta la hipótesis del activismo ecológico de ambos como móvil del ataque y no escudarse en criterios legales internos, como la prescripción del delito, para no actuar.

Tras lograr que las cortes civiles atrajeran el caso, es necesario presionar para que otros ejemplos de abusos corran la misma suerte, como la ejecución de cuatro jóvenes en marzo de 2008 en la localidad sinaloense de Santiago de los Caballeros.