El consejo de administración de Petróleos Mexicanos (Pemex), máximo órgano de gobierno colegiado de la paraestatal, aún no cuenta con el informe pormenorizado de la operación financiera que permitió el aumento de la participación de la petrolera mexicana en el capital social de la española Repsol. Después de 25 días de que el director general de la paraestatal, Juan José Suárez Coppel, anunció el incremento de 4.8 a 9.8 por ciento en la propiedad accionaria de Repsol, tampoco se cuenta con el dictamen jurídico por medio del cual el abogado general de Pemex, Marco Antonio de la Peña, avaló la operación por mil 600 millones de dólares.

El dinero de Tula

El monto de esta operación financiera estratégica es equivalente a los 20 mil millones de pesos del presupuesto para 2012 destinado a la construcción de la nueva refinería de Tula, Hidalgo.

Los integrantes del consejo de administración de Pemex sólo cuentan con el documento titulado Contexto del aumento de participación de Pemex en Repsol, cuyo contenido fue revelado por La Jornada el pasado 11 de septiembre y luego retomado por la prensa local e internacional. El informe fue entregado el miércoles pasado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España, como muestra de la transparencia, argumentó Pemex en un comunicado.

El director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, aseguró que la operación fue totalmente transparente y no requería la autorización del consejo de administración de la paraestatal. Sin embargo, no especificó en qué fundamentos jurídicos se basa esta conclusión.

El estatuto orgánico de Pemex, en su última versión del 24 de septiembre de 2009, después de que se aprobó la reforma energética de 2008, establece en su artículo 22, fracción segunda, que el director general de Pemex debe presentar para autorización del consejo el portafolio de inversiones de Pemex y de los organismos subsidiarios, tomando en cuenta lo aprobado en los consejos de administración de los organismos subsidiarios.

En el mismo artículo, pero en su fracción octava, se señala que el director general de la paraestatal deberá establecer los sistemas de gestión por procesos y de desarrollo de proyectos en Pemex, sus organismos subsidiarios y, en su caso, filiales, orientados a mejorar la eficiencia y la capacidad de ejecución, previa aprobación del consejo de administración respecto a su alcance y, en su caso, modificaciones.

El estatuto orgánico de Pemex, en su artículo 26, en el que describe las atribuciones y obligaciones del abogado general de la petrolera, define en su fracción XI que debe elaborar y suscribir los documentos que contengan la información que corresponda a su ámbito de actuación que se someterá a la consideración del consejo de administración, por conducto del director general, así como atender los requerimientos de información de dicho órgano de gobierno y sus comités, formulados por conducto del director general. Hasta el momento estas disposiciones se han incumplido.

Suárez Coppel informó que después de acudir a la junta del consejo de accionistas de Repsol a realizarse el 28 de septiembre de 2011 en España, a su regreso convocará a una conferencia de prensa para hablar sobre la operación estratégica que ha causado gran polémica en aquel país debido a que se ha interpretado como una operación desventajosa para Repsol.

El próximo miércoles accionistas podrían alegar conflicto permanente de intereses

Armando G. Tejeda Corresponsal

Madrid, 22 de septiembre. La posible salida de Petróleos Mexicanos (Pemex) del consejo de administración de Repsol –donde ocupa un sillón de consejero y ostenta una presidencia de comisión– tiene fecha prevista: el miércoles, 28 de septiembre, durante la junta general de accionistas. En dicha reunión se prevé que uno o varios accionistas, incluso algún director ejecutivo de la multinacional española, presente una moción contra Pemex por un supuesto conflicto de intereses, que implicaría el cese inmediato de sus atribuciones en el máximo órgano de la empresa y, lo que es más grave, la paralización de facto de la alianza de sindicación de acciones rubricada con la constructora Sacyr-Vallehermoso.

La operación anunciada por Pemex y Sacyr el 29 de agosto se encuentra en un momento crítico, con adversidades que acechan con congelar o destruir las aspiraciones de la nueva alianza empresarial. Sacyr y Pemex acordaron, mediante una sindicación de acciones, sumar sus participaciones de 29 y 9.8 por ciento en Repsol, respectivamente, para convertirse en el bloque hegemónico de la multinacional del petróleo y la segunda empresa en importancia de España. Esto sería equivalente a tener más influencia en la dirección ejecutiva, ya sea con la destitución del actual director, Antonio Brufau, o con el nombramiento de un consejero delegado afín a los intereses de la nueva alianza.

Las aspiraciones de Pemex y Sacyr están pendientes de al menos tres decisiones que afectan a igual número de órganos reguladores o administrativos: en primer lugar, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que tendrá que valorar si, como sostiene la Asociación Española de Accionistas y Empresas Cotizadas (AEMEC), Pemex habría incurrido en al menos dos faltas a la regulación bursátil, que serían el uso de información privilegiada y la situación de conflicto permanente de intereses en el seno del consejo de administración de Repsol.

La AEMEC –que tiene el respaldo de numerosos pequeños y medianos accionistas, muchos de ellos con participaciones en Repsol– también cree que la dirección de Pemex habría incurrido en un delito penal de presunto fraude de ley. En concreto, por intentar asumir el control de Repsol sin someterse antes a la ley de ofertas públicas de adquisición.

El segundo frente que encara Pemex es el de la junta general de accionistas de Repsol, programada para el miércoles, y en la que, según una fuente que solicitó el anonimato, se podría formalizar la petición expresa para que Pemex sea expulsada del consejo de administración.

El tercer frente está en el máximo órgano regulador del sector, la Comisión Nacional de Energía (CNE), a la que la actual dirección de Repsol instó a que analice la operación y decida si cumple con la legislación vigente.

Antonio Brufau, en calidad de director de Repsol, ordenó presentar la petición formal ante la CNE, que ya había respondido, aunque extraoficialmente y sin ningún documento con los argumentos de por medio, que no era de su competencia la operación, que situó en el contexto de un acuerdo entre dos accionistas de una misma empresa.

La CNE se reunió este jueves y analizó la cuestión, pero ante la falta de consenso de sus siete consejeros decidió posponer su dictamen. El órgano regulador energético dispone de tres meses para dar una respuesta. De ser afirmativa, abriría un expediente, con lo que el pacto entre Pemex y Sacyr quedará en suspenso hasta la respuesta final, que se podría prolongar durante otros tres meses. Esto sería una pésima noticia para Sacyr, el socio de Pemex, que tiene que renegociar su deuda con los bancos antes de que finalice el año.

Una fuente consultada explicó que de concluirse que Pemex se encuentra en situación de conflicto de interés permanente se aplicaría el reglamento del consejo de administración de Repsol-YPF que en el artículo 13 señala la incompatibilidad entre ser consejero y estar en conflicto permanente de intereses con la compañía.