El encarcelamiento el pasado 20 de mayo de Luis Miguel Ipiña, ciudadano mexicano de origen vasco, confirma que el gobierno del país ha criminalizado a dicha comunidad, y representa al mismo tiempo un castigo ejemplar para cualquier persona que levante la voz contra las injusticias, afirmaron los asistentes a una conferencia realizada el miércoles sobre el tema en el Foro Alicia.

Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), de San Salvador Atenco, manifestó su solidaridad con Ipiña y con las luchas del pueblo vasco, y lamentó que los gobiernos mexicano y español estén cometiendo un acto de venganza y escarmiento contra este refugiado, quien reside en el país desde 1983.

Luego de recordar su propia experiencia como preso político, el dirigente campesino encomió la dignidad de Ipiña, quien nunca dejó de denunciar la opresión contra el País Vasco, y afirmó que aunque en la cárcel tratarán de destruirlo espiritualmente, el refugiado saldrá más fortalecido.

Gloria Arenas, ex militante del Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente y quien permaneció encarcelada durante 10 años por su pertenencia a dicho grupo armado, afirmó por su parte que México ha violado el derecho de asilo y de refugio en el caso de diversos ciudadanos de origen vasco, y recordó los abusos cometidos también contra otros extranjeros, como las mujeres chilenas y españolas que fueron agredidas sexualmente en Atenco en mayo de 2006.

De su lado, Leonel Rivero, abogado defensor del refugiado vasco, aseveró que las autoridades nunca realizaron una investigación seria para sustentar las acusaciones contra Ipiña, quien está acusado por cargos de terrorismo, terrorismo internacional y posesión, tráfico de armas y delincuencia organizada.

El litigante recordó que los cargos contra Ipiña –hoy recluido en el penal de Chiconautla– fueron formulados por el gobierno mexicano con base en datos supuestamente incriminatorios que encontraron en computadoras y discos duros de otro ciudadano vasco-mexicano, Juan Carlos Recarte, expulsado del país en noviembre de 2010, y cuyo domicilio fue cateado en febrero de este año.