Diputados de PRI, PRD, y PT aseveraron que Ernesto Zedillo no puede seguir abrigado por la impunidad, tras documentarse su participación en la matanza de indígenas en el poblado de Acteal, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997.

Esthela Damián, presidenta de la Comisión de Vigilancia de San Lázaro, recordó que el suceso es una de las páginas más ominosas en la historia contemporánea de México; la investigación que se realizó entonces apuntó a la responsabilidad directa de Ernesto Zedillo Ponce, quien fue informado previamente, durante y después del multihomicidio por su secretario de gobernación, Emilio Chuayffet, quien así lo reconoció ante el Ministerio Público.

De confirmarse que existen más elementos incriminatorios contra Zedillo, lo sensato y evidentemente transparente sería aplicarle el rigor de la ley. La sociedad mexicana vive asqueada de tantos ejemplos de impunidad; entre ellos lo más destacados son los de sus ex presidentes, quienes se enriquecieron, violaron la ley y abusaron de las atribuciones que la norma les garantiza. Estoy segura de que se requieren castigos ejemplares para comenzar a limpiar la acción política que tan devaluada se encuentra entre la sociedad, agregó Damián.