a criminalización de la comunidad vasca en México ha hecho que se rompa cualquier marco de legalidad y que en atención a tratados semioscuros entre el Estado mexicano y el español, en este país se lleve a cabo una abierta persecución en su contra.

Es el caso de Luis Miguel Ipiña Doña, refugiado de origen vasco y naturalizado mexicano desde abril de 1987, quien desde hace varios años recorre la ciudad de México trabajando como taxista. De acuerdo con datos proporcionados por su defensa, Ipiña Doña fue detenido por elementos de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) la madrugada del 20 de mayo de 2011, luego de salir de su domicilio ubicado en Santa Clara, estado de México, justo en el momento en que se preparaba para abordar el taxi en que trabajaba.

A Ipiña se le abrió un expediente por terrorismo, terrorismo internacional y delincuencia organizada, mediante una investigación iniciada a mediados de julio de 2010 por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo). Además de la serie de graves irregularidades cometidas durante su detención, un dato preocupante es que la indagatoria se enfoca en las actividades personales de varios refugiados de la comunidad vasca en México –entre ellos Ipiña Doña– y de militantes o simpatizantes de organizaciones sociales que realizan actividades abiertas y legales.

La defensa señala que para integrar la averiguación, el Ministerio Público (MP) no tuvo reparo en recurrir a evidencias restringidas (informes de organismos de inteligencia nacionales y extranjeros), cuyo valor, de acuerdo con el estándar probatorio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tiene rango de prueba ilícita.

El asunto empezó el pasado 16 de febrero, cuando el MP llevó a cabo un cateo en el domicilio de Juan Carlos Recarte (ciudadano de origen vasco cuya permanencia en México era irregular, motivo por el cual fue expulsado por las autoridades migratorias el 29 de noviembre de 2010). Durante la pesquisa, el fiscal requisó diversos equipos de cómputo cuyo contenido fue manipulado con el afán de involucrar a diversas personas con la organización ETA. Y así llegaron –dicen– a Ipiña.

Organizaciones simpatizantes con la lucha del pueblo vasco, abogados, individuos y grupos sociales mexicanos advierten que si el caso de Ipiña no tuviera el componente político, desde hace tiempo el tribunal unitario habría revocado el auto de formal prisión. Sin embargo, el elemento político sigue gravitando en la decisión jurídica y por esa razón no ha sido resuelto el recurso de apelación.

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