Senadores y diputados de PRI y PRD advirtieron que no avalarán cambios que limiten derechos e instauren un Estado policiaco.

En las primeras reacciones acerca de la iniciativa del Ejecutivo para crear un nuevo Código Federal de Procedimientos Penales, los senadores Francisco Labastida (PRI) y Tomás Torres (PRD) señalaron que desde el inicio del sexenio, el presidente Calderón ha intentado que el Congreso apruebe figuras que vulneran garantías constitucionales, y ahora insiste en ellas con la propuesta entregada en días pasados en la Cámara de Diputados.

Significaría regresión de 100 años

Es preocupante que se insista en un Estado policiaco, recalcó el priísta, mientras Torres advirtió que de aprobar la iniciativa de Calderón, sería una regresión de 100 años en la impartición de justicia.

Se trata –sostuvo– de una propuesta de código fascista que no avanza en aplicar el proceso penal acusatorio y los juicios orales, sino que se va por un procedimiento policiaco donde la confesión y las pruebas ilegalmente obtenidas son la base para condenar.

No vamos a permitir que pasen disposiciones regresivas. Más valiera en todo caso que se hubiera quedado el sistema de enjuiciamiento como se contemplaba antes de la reforma constitucional de 2007, subrayó.

En San Lázaro, donde empezará el análisis de la iniciativa a partir de los trabajos de la Comisión de Justicia, diputados de PRI y PRD expresaron opiniones encontradas acerca de las consecuencias de aplicar detenciones en caso de urgencia por medio de un sistema de investigación sin autorización judicial, así como el cateo a domicilios por denuncia anónima y la integración de un cuerpo de agentes infiltrados.

Para el vicecoordinador jurídico priísta, Arturo Zamora, el contenido del texto es de ponderar, porque busca modificar todo el sistema de procedimientos en el ámbito penal para llegar a la verdad y contribuiría a revertir el rezago judicial y la impunidad en el país, porque de cada 100 delitos sólo se castigan dos.

Por el contrario, Mauricio Toledo, integrante de la bancada del PRD, dijo que la iniciativa presidencial es una mescolanza de propuestas que antes el Congreso federal ha rechazado; ahora pretende que los legisladores ingenuos se sumen a ella porque incluye temas que no se pueden rechazar, como los juicios orales, pero se sustenta en aminorar los derechos y propiciar miedo entre los ciudadanos mediante cateos.

Expuso que la propuesta del Ejecutivo federal se enfila a instituir un “Estado policial, que reduce las libertades y propicia que las instituciones se sobrepongan al interés y las garantías; resulta inadmisible –resaltó– que a priori ya se escuchen voces que den por buena la iniciativa.

Alejandro Encinas (PRD) advirtió que se trata una vez más de un proyecto desesperado por enmendar y dar justificación legal a los atropellos policiacos y militares que su guerra contra el crimen organizado ha generado en los últimos cinco años contra los mexicanos. La Cámara de Diputados –añadió– no puede ni debe legislar bajo consigna en un tema de tanta delicadeza como es la seguridad, porque se corre el riesgo de que, lejos de ayudar, la situación empeore.

El proyecto recibido plantea, entre otras cosas, dar mayores facultades a los cuerpos policiacos federales, y nos llama la atención que así sea, cuando en la realidad las autoridades civiles han sido desplazadas por el Ejército, se encuentran infiltradas por el crimen organizado y no han sido restructuradas.

Para el priísta Zamora, la iniciativa es un instrumento que pretende abatir el abuso de la prisión preventiva y disminuir las cargas de trabajo en los tribunales, mismo que será la herramienta de los agentes del Ministerio Público para combatir con más eficacia la delincuencia. Y esto significa –dijo– una revolución prácticamente a todo el sistema de justicia penal del país.

En el Senado, Labastida coincidió con el comentario de Encinas de que hay partes de la iniciativa que despiertan grandes dudas, entre ellas las detenciones en casos de urgencia, que ya en otras ocasiones el Ejecutivo pretendió que se aprobaran.

De la reforma penal de 2007 –recordó– se eliminaron figuras que violaban garantías constitucionales, como la irrupción policiaca en domicilios. Pese a ello, nos encontramos con que la policía se mete a la casa de un poeta y le roban un reloj, le rompen la puerta, y hacen lo mismo en la casa de un diputado, sin orden de cateo.