Monterrey, NL, 24 de septiembre. El 2 de septiembre –una semana después del atentado contra el casino Royale– la Subprocuraduría Especializada en Delitos Federales de la Procuraduría General de la República (PGR) notificó un fallo de no ejercicio de acción penal en favor de Roberto Correa Méndez, ex director general adjunto de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación, y de otras autoridades federales, estatales y municipales, por el irregular otorgamiento de permisos a ese y a otros centros de apuestas.

Pero ante el surgimiento de más información que evidenció la corrupción en ese y otros casinos, el promovente de la denuncia que fue desestimada, Ernesto Cerda Serna, presentó ayer viernes ante la delegación de la PGR una solicitud para que se reabra la investigación, e incluyó en su denuncia al alcalde de Monterrey, Fernando Larrazabal, y a su hermano Manuel Jonás, quien fue videograbado cuando recibía billetes en centros de apuestas de la ciudad.

Junto con dueños, organizadores, gerentes o administradores de nueve centros de apuestas, incluido el Royale, y otros ocho servidores públicos de los tres niveles de gobierno, Correa Méndez fue acusado ante la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Leyes Especiales de la PGR el 18 de diciembre de 2007 por acciones u omisiones que permitían la operación de casinos ilegales en Nuevo León.

Cerda Serna, presidente estatal del Movimiento Ciudadano (antes Convergencia), presentó la denuncia que derivó en la averiguación previa 245/UEIDAPLE/LE/04/2007. En el caso de Correa Méndez, quien fue director de Juegos y Sorteos del 1º enero de 2007 al 11 de junio de 2009, se dijo que no cumplió con su obligación de cerrar los centros de apuestas, a pesar de tener conocimiento de las reiteradas violaciones a la ley y al reglamento de la materia.

Según denunció el viernes la Comisión Especial del Congreso local –que investiga la tragedia donde murieron 52 personas–, el 10 de junio de 2009, un día antes de presentar su renuncia al cargo, Correa Méndez autorizó a la empresa Atracciones y Emociones Vallarta, un permiso apócrifo para abrir 41 centros de apuestas, entre ellos el Royale.

Sin embargo, la agente del Ministerio Público Federal, Norma Angélica Vera Serrano, titular de la mesa 4 de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Contra el Ambiente y Leyes Especiales, con el aval de Irving Barrios Mojica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales, determinó que los hechos denunciados no son constitutivos del delito previsto en el artículo 12, fracción 4 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

La fiscal federal resolvió que a Correa Méndez no le es imputable que bajo su calidad de funcionario público federal, haya permitido la autorización de juegos prohibidos o bien los haya protegido, ya que tras analizar el escrito de su defensa y documentales aportadas para tal fin, dentro de la averiguación previa 245/UEIDAPLE/LE/04/2007, es obvio que no existió conducta contraria a derecho, pues interpuso los recursos procedentes en contra del funcionamiento de los giros y/o casinos con apuestas, demostrando de manera cabal, su interés jurídico en clausurar dichos lugares.

Pero el subsecretario de Gobernación, Juan Marcos Gutiérrez, anunció el jueves pasado una demanda contra cuatro empresas que operaban el Royale, y contra Correa Méndez porque el 10 de marzo de 2009, como director de Juegos y Sorteos, resolvió que el casino Royale no era competencia de la SG y, por tanto, no requería su permiso, pues se trataba de torneos de dominó, ajedrez, backgammon, Texas holdaeem, póquer y blackjack, realizados mediante una cuota de inscripción.

La denuncia fue también contra Manuel Ignacio Fierro Evans, ex titular de la Unidad de Gobierno, porque el 10 de marzo de 2005 determinó que el casino no requería permiso de Gobernación para instalar y operar sus centros de entretenimiento porque las máquinas eran un juego de habilidad y destreza que no implicaba azar ni apuesta en ninguna de sus formas.