Madrid, 28 de septiembre. El consejo de administración de Repsol decidió instar a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la constructora española Sacyr a dejar sin efecto su alianza de sindicación de acciones, que anunciaron el pasado 29 de agosto y que supuso una inversión de mil 150 millones de euros (unos 19 mil 550 millones de pesos) para la paraestatal mexicana.

El máximo órgano de Repsol también anunció en una dura nota como hecho relevante el comienzo de los trámites legales para estudiar una eventual expulsión de Pemex del consejo, en el que tiene un sillón de consejero y ostenta la presidencia de la Comisión de Estrategia, Inversiones y Responsabilidad.

Tanto Pemex –que estuvo representada por su director general, Juan José Suárez Coppel– como Sacyr respondieron con un comunicado conjunto en el que anunciaron la impugnación de algunas de las decisiones adoptadas en la reunión por haberles vulnerado sus derechos.

Después de más de seis horas de tensa reunión en la sede central de Repsol en Madrid se confirmó el peor escenario para Pemex y para su multimillonaria inversión en Repsol, que tiene por objeto controlar 9.8 por ciento de las acciones para, junto al 20 por ciento de Sacyr, asumir el control operativo de la empresa española.

De los 16 consejeros que integran el consejo de sdministración, una aplastante mayoría –12 frente a cuatro– decidieron respaldar a la actual dirección y abrir una investigación sobre la actuación de Pemex en la operación, bajo la sospecha de haber incurrido en conflicto de intereses permanente, lo que supone la expulsión fulminante del órgano ejecutivo.

En el hecho relevante que trasladó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Repsol informó que el consejo había decidido ratificar la total confianza en el actual equipo directivo, presidido por Antonio Brufau, y en las medidas legales que ha emprendido para neutralizar la alianza suscrita en secreto entre Pemex y Sacyr, incluida la denuncia ante la Comisión Nacional de Energía (CNE), máximo órgano regulador.

Además, en el documento se insta a Sacyr y Pemex a dejar sin efecto la sindicación de acciones, lo que supone la neutralización de la medida y el comienzo de una batalla legal y administrativa para la que Repsol ya dio el primer paso, con el anuncio de una serie de reformas de sus estatutos internos para fortalecer la autonomía y protegerse de la incursión de consejeros que estén en riesgo de incurrir en conflicto de intereses permanente. Eso parece un articulado hecho a la medida para neutralizar a Pemex y Sacyr a futuro.

La nota dice a la letra que se iniciarán las reformas con carácter de urgencia de los artículos 19 y 22 del reglamento interno para adoptar mecanismos de protección del interés social ante dos situaciones de conflicto de interés (sic) especialmente relevantes, que son: la designación de un competidor como consejero y la aprobación de operaciones vinculadas.

Pero el consejo de administración fue más allá y anunció los trámites para una eventual expulsión de Pemex, para lo que se va a someter al análisis de los consejeros independientes el acuerdo de sindicación de Sacyr y Pemex para determinar los riesgos, daños y perjuicios que el mismo pueda ocasionar a Repsol, y las responsabilidades derivadas de ello, y entablar acciones para preservar el interés social.

Durante la reunión del consejo, Suárez Coppel y el constructor español Luis del Rivero no lograron convencer a ningún consejero independiente de las supuestas bondades de la operación, con lo que sólo recibieron el apoyo de los tres consejeros designados por Sacyr en Repsol –el propio Del Rivero, Juan Abelló (quien abandonó la reunión visiblemente molesto por la estrategia adoptada por su socio en Sacyr) y José Manuel Loureda–, además del sillón de consejero que asumió el director de Pemex.

Suárez Coppel y Del Rivero fueron vapuleados durante la reunión, mientras Brufau fue el gran vencedor, al cosechar los apoyos de los consejeros independientes y de los del segundo accionista de Repsol, CaixaBank.

A la salida de la reunión se confirmó la ruptura de Pemex y Sacyr con el resto del consejo de Repsol, al emitir un comunicado conjunto en el que ambas empresas anuncian impugnaciones porque se ha pretendido quitarnos nuestros derechos y se nos ha negado la información más elemental por un inexistente conflicto de intereses.

La polémica operación de Pemex en Repsol todavía tiene varios frentes abiertos: ante la CMNV, que deberá resolver si se incurrió en falta por el uso de información privilegiada; ante la CNE, que debe estudiar si evalúa la operación ante un supuesto de fraude a la ley y una vulneración de la legislación del sector energético, en concreto por la presencia de una empresa extranjera en un sector estratégico. Mientras Sacyr deberá afrontar en menos de dos meses las negociaciones de la deuda de 5 mil millones de euros por la compra de las acciones de Repsol que, de solventarlas, podría suponer que sus participaciones pasen a manos de los más de 20 bancos acreedores.