Es vergonzoso que cuando una mujer o niña queda embarazada a consecuencia de una violación el Estado las obligue a continuar la gestación, aseveró Amnistía Internacional (AI).

En el contexto del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe (que se conmemoró ayer), el organismo convocó a los gobiernos del continente a promover con urgencia planes concretos que aseguren el acceso de mujeres y niñas a los derechos sexuales y reproductivos.

Consideró que restringir el acceso a dichas garantías pone en grave peligro los derechos humanos del sector femenino. Destacó que en algunos lugares de América Latina se han reconocido las graves violaciones a dichas garantías que resultan cuando se prohíbe o restringe el acceso al aborto seguro y legal. Sin embargo, la triste realidad es que todavía existen leyes que castigan el aborto.

En un pronunciamiento público, AI subrayó que en una región donde la gran mayoría de países forman parte de la Convención de Belem do Pará (Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer), es cruel, inhumano y degradante que los gobiernos obliguen a adultas o niñas violadas a continuar con un embarazo.

Advirtió que algunas de estas víctimas, antes de enfrentarse a ser obligadas a seguir con una gestación, intentan suicidarse. En ocasiones –señaló– toman otras medidas desesperadas e intentan practicarse un aborto a sí mismas. Es así como cientos de abortos ilegales e inseguros ocurren cada día, y mujeres y niñas sufren serias consecuencias, que incluso llegan a significar la pérdida de su vida.

La organización de defensa de derechos humanos indicó que en la región más desigual del mundo, estas medidas desesperadas afectan principalmente la vida de las mujeres y niñas que viven en la pobreza; ¿es que sus derechos humanos no merecen igual protección ante la ley?